ABANDONO DE DISCAPACITADOS

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL RESPECTO DEL ABANDONO DE DISCAPACITADOS

 

Por Sentencia de fecha 11 de julio de 2018, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la aplicación del artículo 229.3 del Código Penal (en adelante, CP) relativo al abandono de una persona por quien está obligado a prestarle ayuda.

Se trata de un caso en el que el tutor de un discapacitado, que debe administrar una indemnización recibida por éste, no cumple con sus obligaciones de protección, defensa, custodia y administración. De ello se deriva grave peligro para la vida e integridad física del discapacitado.

En concreto, una persona discapacitada que recibe una indemnización por un accidente de tráfico que le deja en situación precisada de ayuda y su hermana, designada tutora, percibe el importe económico pero no le presta la debida ayuda dejándole en grave situación con peligro para su vida e integridad.

En este sentido, el artículo 229.3 del Código Penal dice así:

“Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave.”

El legislador distingue y configura la situación de mero abandono de persona con discapacidad necesitada de especial protección (art. 229.1CP) del abandono temporal solamente (art. 230CP), con la situación aquí contemplada del art. 229.3 CP de que ese abandono sea tal que apareje un concreto peligro para la vida, la salud o la integridad física del sujeto digno de especial protección por su discapacidad.

Así, el Tribunal considera que ese “peligro” existe por el mero abandono añadido a la “necesidad” de la persona precisada de especial protección, y que existe ese peligro por la dejación del envío al patrimonio propio de la persona discapacitada, del capital que le es necesario para atender el estado médico y de salud en el que se encontraba dicho sujeto,  a sabiendas de tal situación por la tutora.

Su fin último es, por tanto, proteger la dignidad de la persona, su integridad física y moral, lo que no se solapa exactamente con la vida y la salud de las personas. En este caso, el fundamento de esta agravación es, precisamente, la tutela de tales bienes jurídicos antes reseñados.

En conclusión, en este asunto concreto se evidencia esa situación de peligro que debe siempre recogerse en los hechos probados, llegando el Tribunal a dicha convicción por la inferencia de esa constatación del peligro.

Para cualquier aclaración estamos, no dude en contactar con nosotros.

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