PENSIÓN COMPENSATORIA A EX PAREJAS

PENSIÓN COMPENSATORIA A EX PAREJAS

Mediante Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo número 453/2018, de 18 de julio, se resuelve un recurso de casación en que se aborda por vez primera el momento en que se produce la extinción de la compensación compensatoria por convivencia marital del ex cónyuge con un tercero.

“La razón de ser de la pensión compensatoria está en relación con la comunidad de disfrute entre dos personas -unidas por matrimonio- de una determinada posición económica, lo que da lugar a que -extinguido el vínculo- deba ser compensado aquel de los cónyuges que sufre un desequilibrio perjudicial respecto de la situación en que se encontraba vigente el matrimonio; compensación que se extinguirá cuando esa comunidad de disfrute se instaura de nuevo con otra persona.”

Así, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia en el sentido que, para los casos en que el ex cónyuge que recibe la compensación vuelve a casarse, la extinción de la misma debe producirse desde que se produce la nueva unión.

Se confirma, por ello, la sentencia dictada en 2016 por la Audiencia Provincial de Salamanca que declaró extinguida, desde la fecha de interposición de la demanda, la pensión compensatoria que había sido fijada en el año 1994. Sin embargo, la decisión inicial del Juzgado de Primera Instancia fue acordar la extinción de la obligación sólo desde la fecha de la sentencia.

La Sala hace distinción entre la simple modificación y la extinción de la medida por haber perdido su razón de ser.

“Tal extinción se produce por las causas establecidas en el artículo 101 CC -mientras que a la modificación de la pensión compensatoria se refiere el artículo 100- y son: el cese de la causa que determinó su establecimiento, el hecho de contraer el acreedor nuevo matrimonio o el de – aunque no exista matrimonio- vivir maritalmente con otra persona, lo que se equipara a la situación anterior.”

“La causa de extinción consistente en contraer nuevo matrimonio habrá de producir su efecto desde que este hecho se produce, con independencia de la fecha en que -conocida dicha situación- se interpone la demanda y se dicta sentencia decidiendo sobre la extinción.”

El Tribunal Supremo añade que en el caso estudiado “la situación de convivencia que ha dado lugar a la extinción existía desde el año 2004, más de 10 años antes de la interposición de la demanda, por lo que carece de sentido prolongar más allá del ejercicio del derecho por el demandante la existencia de la obligación de pago de la pensión, cuya extinción podía haberse producido en la práctica mucho tiempo atrás”.

En cambio, el Supremo no entra a estudiar expresamente si lo correcto era declarar extinguida la obligación desde años antes de la presentación de la demanda, puesto que el demandante no lo solicitaba en su demanda inicial.

Para cualquier duda o aclaración estamos a su disposición en Galán Abogados.

 

LOPD 2018: ¿CUMPLE TU NEGOCIO LA NUEVA LEY DE PROTECCION DE DATOS?

LOPD 2018: ¿CUMPLE TU NEGOCIO LA NUEVA LEY DE PROTECCION DE DATOS?

INTRODUCCIÓN

En fecha 27 de abril de 2016 se aprueba el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. El mismo es aplicable obligatoriamente a los dos años de su entrada en vigor por todos los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, el 25 de mayo de 2018.

Su finalidad consiste en dar mayor poder a los interesados sobre sus datos personales, de forma que tendrán mayor control sobre sus datos.

 

¿A QUIÉNES AFECTA?

Este Reglamento se aplica todas aquellas entidades que traten datos de carácter personal que se encuentren dentro de la Unión Europea.

También se aplicaran a responsables y encargados no establecidos en la UE siempre que traten datos como consecuencia de una oferta de bienes o servicios dirigido  a ciudadanos de la UE.

PRINCIPALES MODIFICACIONES

Entre las diversas modificaciones que se encuentran para el reforzamiento de la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos de la UE se encuentran, en síntesis:

-Nueva redacción LOPD

-Mayor rendición de cuentas

-Responsabilidad proactiva

-Análisis de los riesgos de empresas

-Nueva figura DPO

– Nuevos derechos ciudadanos

-Mayor información a los ciudadanos

-Consentimiento libre, especifico e inequívoco

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Derecho al olvido

Es el derecho que tienen los ciudadanos a solicitar, y conseguir de los encargados, que los datos personales sean suprimidos cuando estos ya no sean necesarios para el fin para el que fueron reunidos, cuando se haya desautorizado el consentimiento o cuando estos se hayan obtenido de forma ilegal.

Derecho a la portabilidad

Da lugar a que el interesado que haya proporcionado sus datos a un responsable que los esté tratando de forma digitalizada podrá requerir recobrar esos datos en un formato que le permita su traslado a otro responsable.

Cambios en la obtención del consentimiento

El Reglamento pide que el consentimiento, con carácter general, sea libre, informado, específico e inequívoco. Hasta ahora, solamente se necesitaba un consentimiento tácito del ciudadano.

NUEVA FIGURA: DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)

El DPO, se encargará de la planificación de las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos de datos, así como la gestión de los mismos. Es el mediador entre la empresa y la autoridad de control. Solo será obligatorio en determinados casos.

SANCIONES

Son elevadas en comparación con las que se encuentran a día de hoy vigentes, y aunque se modulan en función de proporcionalidad, efectividad y efecto disuasorio, pueden alcanzar entre los 10 y 20 millones de euros o entre el 2% y el 4% del volumen de negocio en función de su gravedad.

 

CONCLUSIÓN

En definitiva, los principales cambios que se van a producir a partir del 25 de mayo de este año en curso son:

-Base legal del tratamiento de datos debe estar especificada.

-Los tiempos de retención de dichos datos también deben mostrarse al consumidor.

-La información que se proporciona de manera obligatoria al usuario ha de ser clara y concisa para que este la comprenda.

En caso de que necesite asesoramiento y para cualquier aclaración, estamos a su disposición.

Paloma Galán

-. Abogada .-

 

 

 

LA ÚLTIMA LINEA JURISPRUDENCIAL EN LOS CONTRATOS DE AGENCIA

LA ÚLTIMA LINEA JURISPRUDENCIAL EN LOS CONTRATOS DE AGENCIA

Qué es un agente comercial

Un agente comercial es un  autónomo que tiene por oficio gestionar las operaciones de venta en representación de otra persona o entidad a cambio de una comisión. Es decir, no se trata de un empleado asalariado que trabaja por cuenta ajena. Sino que trabaja de manera independiente y es la figura intermedia entre la empresa que vende determinados productos o servicios y el comprador.

El contrato de agencia y regulación española

El contrato de agencia es aquel mediante el cual una empresa encarga a un agente comercial la promoción de negocios por su cuenta y orden de manera continuada en el tiempo.

Dicho contrato se encuentra regulado en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el Contrato de Agencia, que dice así:

“Aquel por el que una persona (…) denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena o promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos como intermediario independiente (…)”.

El agente, salvo que haya pacto en contrario, podrá realizar su actividad de comercialización para varias empresas. Aunque también cabe la posibilidad de firmar un pacto de exclusividad en favor de un solo empresario.

Normativa europea y jurisprudencia actual

Los agentes comerciales tienen derecho a indemnización y reparación del perjuicio aunque la terminación del contrato se produzca en el período de prueba, dictaminado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la sentencia por la que resuelve el asunto C-645/16.

Se toma como base normativa la Directiva 86/653/CEE, en la cual se expresa que tras la terminación del contrato, el agente comercial tiene derecho a una indemnización o a la reparación del perjuicio que le ocasione la terminación de sus relaciones con el empresario cuando esta finalización de contrato:

– Prive a este agente de las comisiones de las que hubiera podido beneficiarse con una ejecución normal del contrato a la vez que le hubiese facilitado al empresario unos beneficios sustanciales.

– No permita a dicho agente comercial amortizar los gastos que hubiere realizado para la ejecución del contrato aconsejado por el empresario. El agente tiene derecho a una indemnización:

      Cuando haya aportado nuevos clientes al empresario o haya desarrollado sensiblemente las operaciones con los clientes existentes y cuando dicha actividad pueda reportar todavía ventajas sustanciales al empresario.

            Cuando el pago de dicha indemnización sea equitativo, habida cuenta de todas las circunstancias, en particular de las comisiones que el agente comercial pierda y que resulten de las operaciones con dichos clientes.

El TJUE precisa que esta conclusión está respaldada por la finalidad de la Directiva, que consiste, en particular, en proteger los intereses del agente comercial en sus relaciones con el empresario, y que, a la vista de esta finalidad, no puede admitirse una interpretación de esta Directiva que pueda resultar en perjuicio del agente.

 Por ello, supeditar la concesión de una indemnización al hecho de que se haya estipulado o no un período de prueba en el contrato de agencia comercial, sin tener en cuenta el rendimiento del agente comercial o los gastos en que haya incurrido, iría en perjuicio del agente comercial, que se vería privado de toda indemnización por el único motivo de que el contrato que le vincula al empresario incluye un período de prueba.

Para cualquier aclaración, estamos a su disposición.

Paloma Galán

-. Abogada .-

 

LA CONTINUIDAD DEL IRPH EN LOS CONTRATOS HIPOTECARIOS

LA CONTINUIDAD DEL IRPH EN LOS CONTRATOS HIPOTECARIOS

El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, que hayan sido iniciadas o renovadas durante el mes al que se refieren los índices. Ofrece tres modalidades diferentes: Bancos, Cajas de Ahorro y la totalidad de las Entidades.

En Noviembre de 2013, se implantó la  Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. La misma contempla la derogación del IRPH-Cajas e IRPH-Bancos, siendo ambos sustituidos por el tipo previsto en el contrato hipotecario. Y, en caso de inexistencia, por un nuevo valor: el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España. Es su Disposición adicional decimoquinta.- Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia; donde se contempla lo siguiente:

“Con efectos desde el 1 de noviembre de 2013 el Banco de España dejará de publicar en su sede electrónica y se producirá la desaparición completa de los siguientes índices oficiales aplicables a los préstamos o créditos hipotecarios de conformidad con la legislación vigente:

Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos.

Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros.

Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros.

Las referencias a los tipos previstos en el apartado anterior serán sustituidas, con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato.

En defecto del tipo o índice de referencia previsto en el contrato o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo.

La sustitución de los tipos de conformidad con lo previsto en este apartado implicará la novación automática del contrato sin suponer una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita.

Las partes carecerán de acción para reclamar la modificación, alteración unilateral o extinción del préstamo o crédito como contrapartida de la aplicación de lo dispuesto en esta Disposición.”

Sin embargo, El IRPH Conjunto de Entidades se mantiene vigente tras la eliminación de los IRPH Bancos e IRPH Cajas.

La Sentencia nº 669/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 14 de Diciembre de 2017 dispone que para determinar la transparencia de la cláusula que incorpora el índice de referencia (IRPH-Entidades) habrá que ver si el consumidor era consciente, porque hubiera sido informado, de que esa cláusula configuraba un  elemento esencial del préstamo, así como la manera en que se calculaba el interés variable. Se establece claramente que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no supone falta de transparencia o abusividad.

A pesar de la claridad y concisión de dicha Sentencia, diferentes Audiencias Provinciales, posteriormente, se están pronunciando en sentido contrario, como es el caso de la Audiencia Provincial de Girona y el Juzgado de Primera Instancia de Amurrio, en Álava, siguiendo planteamientos diferentes.

Para concluir, y a modo de resumen, la Sentencia del Supremo revela que el IRPH no desaparecerá a corto plazo. La modalidad de entidades sería por tanto la única oficial actualmente, ya que las otras dos, IRPH cajas e IRPH Bancos, fueron eliminadas en 2013.

Ahora la cuestión sobre la abusividad de la cláusula del IRPH dependería de la posición que adopte en esta cuestión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya decisión pudiera contradecir el criterio del Tribunal Supremo.

Como siempre estamos a su disposición para cualquier aclaración.

Paloma Galán

-Abogada –

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES EN ANDALUCÍA

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO DE  SUCESIONES Y DONACIONES EN ANDALUCÍA

 

A partir del primer día de enero de 2018, entra en vigor el pacto a través de los Presupuestos del año 2018, la reforma de medidas urgentes relativas al impuesto sobre sucesiones y donaciones en la C.A Andaluza.

Esta reforma a la Ley 29/1987 de 18 de diciembre y su Reglamento Real Decreto 1629/1991 de 8 de noviembre y para Andalucía  regulada  en los artículos 17 a 22 quater del Decreto Legislativo 1/2009 de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de tributos cedidos.

Esta Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, para los andaluces ha tenido varias reformas desde su entrada en vigor, concretamente en lo relativo a la subida de la cantidad considerada “mínimo exento”, lo que en román paladino significa que se ha subido la cantidad exenta de contribución del impuesto en cuestión, para que se pague menos e incluso, según los casos, no se tenga que pagar nada del impuesto de sucesiones y donaciones.

Vamos a explicar, siquiera someramente, el alcance de esta reforma.

Pues bien, en las sucesiones hay varios grados según la cercanía o lejanía de parentesco respecto al causante, y también la edad del heredero.

En el Grupo I  están los  Descendientes o adoptados, menores de 21 años.

En el Grupo II, los  Descendientes o adoptados, de 21 años o más. Cónyuges, ascendientes o adoptantes.

En el Grupo III los Colaterales de 2º y 3º grado por consanguinidad o afinidad. Ascendientes o descendientes por afinidad

 En el Grupo IV están los que tienen un grado de parentesco más distante y extraños.

Desde el día 1 de enero de 2017 y hasta la actualidad el denominado mínimo exento para las herencias recibidas por parientes directos (grupos I y II) era de 250.000 euros por cada heredero. Es decir que todo heredero comprendido en los grupos I y II, que heredaran menos de los 250.000, no pagaba el impuesto de referencia.

Realmente, con esa cantidad y teniendo en cuenta los valores catastrales actuales, totalmente desproporcionados respecto a los valores de mercado, llegar a esa cantidad no es tan difícil, piénsese en una familia de dos hijos, en la que existen varios inmuebles, vamos a suponer una vivienda en la ciudad y otra de recreo en la campo o la playa, algunos ahorros de los causantes, alguna parcela rustica de olivar o viñedo, algunas acciones en entidades bancarias, eso que es muy probable,  ya superaría ese mínimo exento de 250.000 euros por heredero.

Como este es un impuesto cuya recaudación y gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, son estas las que fijan ese mínimo exento, dándose la curiosidad de que en algunas de ellas, el impuesto de sucesiones es prácticamente inexistente por lo elevado del mínimo exento. Todos hemos sabido a través de los medios de comunicación, como en la C.A de Madrid heredar sale gratis, mientras que en la C.A Andaluza, se pagaba por el mismo impuesto una barbaridad.

Esa diferencia tan llamativa y discriminatoria para los ciudadanos  entre CCAA, ha llevado a los políticos a intentar arreglar, en la medida de lo posible, esa disparidad y de ahí que los grupos políticos de Ciudadanos y PSOE en el Parlamento Andaluz, acordaran el pasado 20 de septiembre que, a través de la Ley de Presupuestos para el año 2018, los familiares directos  del causante estuvieran exentos de tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones si heredaran menos de un millón de euros cada uno de los llamados a la herencia. Lo mismo sucede si se donan en vida bienes por importe inferior al millón de euros.

Esta reforma además del mínimo exento para familiares directos, contempla otras medidas que conviene destacar,  cómo las relativas a los discapacitados a los que además de la aplicación del mínimo exento ya referenciado, se establece a su favor, una reducción autonómica del 99% de la base imponible por la donación de vivienda habitual a descendientes con discapacidad.

Si en el patrimonio del causante se encuentran participaciones de empresa, el heredero de la misma puede obtener una reducción del 99% del valor de dichas participaciones, siempre que concurran tres requisitos: 1º.- Que la entidad ejerza una actividad económica y no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

2º.- Que el heredero ostente un 5% individual o un 20 % con su cónyuge, ascendientes, colaterales hasta el segundo grado.

3º.- Que uno de los miembros del grupo familiar indicado en el segundo requisito, ejerza funciones de dirección y su sueldo o retribución sea superior al 50% del conjunto de sus rendimientos de trabajo y actividades económicas.

Este caso concreto requiere que las personas interesadas en la aplicación de esta reducción, acudan a profesionales que les puedan asesorar  respecto de si esas participaciones pueden ser  consideradas  empresa familiar a efectos fiscales.

Para los herederos del Grupo III, no existe reducción ni modificación en el impuesto, manteniéndose las reducciones establecidas en el Decreto Ley 4/2016 de 26 de julio, así como también se encuentra en dicha disposición la reducción por  la adquisición “mortis causa” e “inter vivos” de una explotación agraria, que flexibilizo esta norma en relación al requisito establecido con anterioridad a la misma,  y después de la norma citada, solo se exige el ejercicio de la actividad de manera personal y directa por el transmitente y el mantenimiento de la explotación durante cinco años

Para cualquier aclaración, estamos a su disposición.

 Soledad Galán Jordano

Abogado

LEY DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO

LEY DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO

A los efectos de la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del trabajo autónomo, “Se entenderá por trabajador autónomo o por cuenta propia, aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar.

La Ley 18/2007 de 4 de julio regulo el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, con sus peculiaridades, regulaba a los trabajadores autónomos, mayores de 18 años, que fueran titulares de una explotación agraria, que las labores agrarias las realizasen de forma personal y directa, aun cuando ocuparen trabajadores por cuenta ajena, que los ingresos obtenidos fuesen al menos el 50% de su renta total de la realización de  actividades agrarias y otras complementarias siempre que la parte procedente de la actividad agraria de su explotación no fuera inferior al 25% de su renta total, que los rendimientos anuales netos obtenidos por la explotación no superasen el 75% en cómputo anual  de la base máxima de cotización establecida en cada momento en el RGSS.

Algunas  modificaciones puntuales desde la entrada en vigor de la denominada Ley de Autónomos, a través de  la Ley 27/2011 de 1 de agosto,  Ley 36/2011 de 10 de octubre, Ley 14/2013 de 27 de septiembre, Real Decreto Ley 4/2015 de 22 de marzo, Ley 25/2015 de 28 de julio, Ley 31/2015 de 9 de septiembre, han llevado a la última modificación con la publicación en el BOE de la Ley 6/2017 de 24 de octubre.

Si bien todas las modificaciones han perseguido adaptar la Ley inicial a la realidad vigente, esta última  ha dado un paso importante en la regulación de la conocida Ley de autónomos, acercándola a la realidad de un colectivo, el de autónomos, que contrata a más de un millón de asalariados y lleva más de cuatro años creando empleo.

Esta última reforma ha sido aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios tanto en el Congreso cómo en el Senado. Se compone de una seria de nuevas medidas para fomentar el aumento de autónomos y su empleabilidad, la mejora de la calidad del trabajo autónomo, a través de la formación, la seguridad y estabilidad del trabajo, la jubilación activa, así como la flexibilización de los trámites y su regulación.

El día 25 de octubre del presente año ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE excepto los artículos 1, 3, 4 y 11 y las disposiciones finales primera, segunda, tercera y novena, que entrarán en vigor el día 1 de enero de 2018.

Vamos a ver la reforma y su alcance;

1º.- Ampliación de la “Tarifa Plana”.(arts. 3 y4 Ley 6/2017, arts. 31 y 32 Ley 20/2007)

La Ley 31/2015, de 9 de septiembre , introdujo la denominada tarifa plana en la cotización de los nuevos autónomos, que pasaron a pagar 50 euros al mes durante los primeros 6 meses de alta nueva en ese Régimen Especial, si además no lo habían estado en los 5 años anteriores y cotizaban por la base mínima.
Con la entrada en vigor de la Ley 6/2017 se amplía la Tarifa Plana de 50 euros a doce meses, frente a los seis actuales, el período de duración de la cuota reducida para los autónomos que causen alta inicial por primera vez en el sistema de Seguridad Social. Esta medida entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

2º.- Medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores autónomos. (Art. 7 L 6/2017, art. 38 bis L 20/2007, Art. 5 L 6/2017, art. 30 L 20/2007, Art. 6 L 6/2017, art. 38 L 20/2007)

La Ley 31/2015, de 9 de septiembre, estableció una bonificación del 100% de la cuota resultante de aplicar el tipo mínimo de cotización en el Régimen Especial de Autónomos a la base media del trabajador por cuenta propia en los 12 meses anteriores, por cuidado de un hijo menor de 7 años, o por tener a cargo un familiar dependiente o discapacitado hasta el segundo grado.

La nueva reforma, mantiene esta medida y la amplia hasta la edad de los doce años posibilitando la bonificación por un plazo de doce meses del 100% de la cuota de autónomo por contingencias comunes

En este caso, se elimina el requisito de sustituir al trabajador autónomo mediante un contrato de interinidad con un desempleado para disfrutar de esta bonificación.

Las mujeres autónomas que se reincorporen al trabajo después de maternidad, adopción, acogimiento y tutela, de forma que aquellas mujeres que vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha de cese por uno de los motivos anteriores, podrán acogerse a la tarifa plana de 50 euros durante los 12 meses siguientes a su reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por base mínima.

La Ley 31/2015, de 9 de septiembre , estableció una bonificación del 100% de la cuota para aquellos trabajadores autónomos sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mediante contratos de interinidad celebrados con desempleados conforme al Real Decreto-Ley 11/1998 de 4 de septiembre .

A partir del 1 de marzo de 2018, las prestaciones económicas por maternidad y paternidad de los trabajadores autónomos y de los trabajadores del mar por cuenta propia del grupo 1º, consistirán en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora diaria, resultado de dividir la suma de las bases de cotización en este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre ciento ochenta.

La prestación por paternidad podrá ser denegada, anulada o suspendida por las mismas causas establecidas para la prestación por maternidad.

3º.- Capacidad de contratar. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo. (D.F. 5ª L 6/2017, art. 214 LGSS)

Se incentiva la capacidad para contratar y se impulsa la jubilación activa y la transmisión de conocimiento.

Si se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo autónomo alcanzará al 100 por ciento.

4º.- Bonificación por la contratación de familiares. (D.A. 7ª y D.F. 6ª y 10ª L 6/2017, D.A. 10ª y 13ª L 20/2007, art. 12.2 LGSS.

Se dará en el supuesto de contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. No debe haber despedido de forma improcedente durante los doce meses anteriores al contrato bonificado, ni podrá exigir por las mismas causas un contrato de trabajo en los seis meses posteriores a la celebración del contrato bonificado.

Base de cotización.

Asimismo, los autónomos, a partir del 1 de enero de 2018 van a poder cambiar hasta 4 veces al año su base de cotización (actualmente son dos veces) para adecuarla mejor a sus ingresos, deducirse gastos de suministros y manutención vinculados a su actividad. También se reducirá a un 10% del recargo de la deuda por cotización durante el primer mes siguiente al debido, fijado actualmente en un 20%.

5º.- Recargos por ingresos de las cuotas a la Seguridad Social.( Art. 1 y D.F. 3ª L 6/2017, art. 30 LGSS, art. 10 RD 1415/2004)

Se rebaja a la mitad el recargo en el caso de abono de las cuotas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo.

6º.- Devolución de oficio del exceso de cotización. Pluriactividad. (Art. 2 L 6/2017, art. 313 LGSS)

En los supuestos de Pluriactividad, la devolución del exceso de cotización realizado por el trabajador autónomo se realizará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social.

7º.- Medidas para mejorar la formación profesional para el empleo de los trabajadores autónomos. (Arts. 8, 9, 10, 13, D.A. 2ª y D.F. 8ª L 6/2017, arts. 19, 21, 22 y D.A. 12ª L 20/2007)

Las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y de la economía social participarán en la detección de necesidades, diseño, programación y difusión de la oferta formativa para trabajadores autónomos a que hace referencia la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

8º.- Accidente de Trabajo “in itinere” . (Art. 14 L 6/2017, art. 316.2 LGSS)

Otra novedad es que  dentro del concepto de accidente de trabajo, se incluye  el accidente de trabajo  sufrido por el trabajador autónomo al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional, considerándose como tal el establecimiento donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad y esté así declarado fiscalmente.

9º.- Modificación de las altas y bajas de los autónomos en el Régimen Especial de Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA) (D.F. 2ª L 6/2017, nuevo art. 43 bis RD 2064/1995 )

A partir del 1 de enero de 2018 se permitirá que hasta tres altas y tres bajas en el RETA dentro de cada año natural tengan efectos desde el momento de inicio o de cese en la actividad, en lugar de por meses completos (solo pagarán por días trabajados). Los efectos de la baja deberán coincidir con el día real en que el trabajador comunica su cese de actividad y la cuota fija mensual se divide por 30.

También se modifica la infracción grave de los autónomos relativa a la afiliación inicial o alta, a fin de adecuarla a esa nueva posibilidad. (D.F. 1ª, 2ª y 9ª Ley, art. 46 RD 84/1996, art. 45 RD 2064/1995art. 22.7LISOS)

10º.- Posibilidad de deducirse gastos asociados. (Art. 11 L 6/2017, art. 30.2.5ª L 35/2006, art. 9.B.1 b RD 439/2007)

Los trabajadores autónomos podrán  deducirse gastos de suministros y manutención vinculados a su actividad.

11º.- Posibilidad de abonar la cuota por días trabajados. (DF1ª,2ª L 6/2017, art. RD 84/1966, art. 45 RD 2064/ 1995art.22. 7 LISOS)

La Ley 6/2017 introduce la posibilidad, a partir del 1 de enero de 2018, de afiliación y hasta tres altas y bajas dentro de cada año natural con efecto a esas fechas. El resto de altas y bajas dentro del año tendrán efectos como siempre, desde el primer día del mes.

12º.- Domiciliación obligatoria del pago de cuotas. (D.F. 3ª Ley, D.A. 8ª RD 1415/2004)

A partir del 1 de enero de 2018, los trabajadores autónomos y los trabajadores del mar por cuenta propia vendrán obligados a la domiciliación obligatoria del pago de cuotas.

13º.-  Mejoras para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo.

Se reduce el grado de discapacidad exigido (que se fijará en el intervalo entre el 33% y el 65%) a los hijos del trabajador autónomo, mayores de 30 años, afectados por una discapacidad física o sensorial, a efectos de permitir que sean contratados por aquél como trabajador por cuenta ajena.

A partir del 1 de enero de 2018, se recogen beneficios para aquellas personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que quieran ser autónomos.

Como siempre estamos a su disposición para cualquier aclaración.

SOLEDAD GALAN JORDANO

ABOGADO

FORMAS LEGALES MATRIMONIALES DEL SISTEMA ESPAÑOL

FORMAS MATRIMONIALES DEL SISTEMA ESPAÑOL

La mayor parte de las personas, creen que en España solo se puede contraer matrimonio de dos formas, el matrimonio civil o laico y el religioso por el rito de la Iglesia Católica. Nada más lejos de la realidad. Es nuestra intención en este artículo,  dar a conocer las distintas formas de contraer matrimonio en el sistema jurídico español, junto a los requisitos exigidos para su celebración.

 MATRIMONIO CIVIL

Antes de la celebración del matrimonio:

Previa a la celebración del matrimonio, quienes deseen contraerlo, (hombre y mujer, hombre y hombre y mujer y mujer) deberán iniciar expediente al efecto ante el Registro Civil (RC), acreditando que cumplen los requisitos exigidos por nuestra legislación. En dicho expediente deberá constar;

– Las menciones de identidad, incluso la profesión de los contrayentes.

– En su caso, el nombre y apellidos del cónyuge o cónyuges anteriores y fecha de disolución del matrimonio.

– La declaración de que no existe impedimento para el matrimonio (1).

– El Juez o funcionario elegido, en su caso, para la celebración.

– Pueblos en que hubiesen residido o estado domiciliados en los dos últimos años.

El escrito de solicitud deberá estar firmado por un testigo  del contrayente que no pueda hacerlo. La solicitud debe de ir acompañada de la certificación de nacimiento y testimonio de la sentencia que declare, en su caso, la disolución del anterior o anteriores matrimonios, la emancipación, en su caso o la dispensa (2). Una vez cumplidos los requisitos anteriores se ratificarán ambos contrayentes ante el encargado del Registro Civil, y si está correcto se publicaran edictos por espacio de quince días exclusivamente en las poblaciones en cuya demarcación hubiesen residido o estado domiciliados, los contrayentes los dos últimos años, y la población tenga al menos 25.000 habitantes de derecho según el último censo oficial, o bien que correspondan a la circunscripción de un Consulado español con menos de 25.000 personas en el Registro de Matrícula.

Los edictos anunciaran el casamiento con todas las indicaciones  contenidas en el artículo 240 Reglamento Registro Civil y con el requerimiento a los que tuviesen noticia de algún impedimento para que lo denuncien. Una vez publicados los edictos y transcurrido el plazo previsto, el encargado devolverán al Instructor los edictos con la certificación  de haberse cumplido todos los requisitos legales y de haberse denunciado o no algún impedimento.

(1) Impedimentos para el matrimonio

No pueden contraer matrimonio: Los menores de edad no emancipados, los que estén ligados por vínculo matrimonial,  los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos, con la salvedad de que el Ministro de justicia, puede dispensar del último de los supuestos y que el Juez de Primera Instancia, con justa causa puede dispensar de la consanguinidad hasta el tercer grado a instancia de parte y de edad a partir de los catorce años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus padres o guardadores.

(2) La dispensa ulterior convalida desde su celebración  el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes.

Celebración del matrimonio

Una vez cumplidos los requisitos reseñados, corresponde al Juez encargado del Registro Civil o al Alcalde o concejal en quien este delegue la celebración del matrimonio. En los lugares donde no resida dicho juez, lo celebra el delegado designado reglamentariamente, y en su caso, en el extranjero el funcionario diplomático o consular encargado del R.C en el extranjero. Es necesaria la presencia de dos testigos comunes que han de ser mayores de edad.

El acto solemne del matrimonio consiste en la lectura por parte del oficiante de los artículos 66, 67y 68 del Código Civil y después preguntar a cada uno de los contrayentes si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente consienten, declarara que los mismos quedan unidos en matrimonio y extenderá la certificación correspondiente al acto donde firmaran los contrayentes y testigos además del autorizante, acto seguido el funcionario encargado del RC inscribirá en el libro de matrimonios el correspondiente acta y entregara a los contrayentes el Libro de Familia. El matrimonio surte efectos civiles desde su celebración, por lo que la inscripción es un acto de naturaleza declarativa, no constitutiva.

 MATRIMONIO RELIGIOSO.

Junto al matrimonio civil coexisten cuatro formas de matrimonio religioso, reconocidos por el Estado español, a saber:

Matrimonio Canónico, articulo VI del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 4 de diciembre de 1979.

Matrimonio Islámico, artículo VII de la Ley 26/1992 de 10 de noviembre, de Acuerdo de cooperación  del Estado Español y Comunidad Islámica.

Matrimonio Evangélico, articulo VII de la Ley 24/1992 de 10 de noviembre, de acuerdo de cooperación del Estado Español con la Federación de Entidades Evangélicas de España.

Matrimonio Israelí, articulo VII de la Ley 25/1992 de 10 de noviembre, de acuerdo de cooperación del Estado Español con la Federación de Comunidades Israelitas de España.

Después de la CE, se promulgo la LO de Libertad Religiosa, que estableció la posibilidad de que el Estado cooperase con las confesiones religiosas mediante la adopción de Acuerdos o Convenios de Cooperación, cuando aquellas debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas hubieran alcanzado un arraigo notorio en la sociedad española. El sistema es básicamente el mismo, el Estado Español, reconoce eficacia al matrimonio celebrado según el rito religioso pertinente. El estado civil de persona casada se consigue desde el momento de la celebración del matrimonio contraído según el rito religioso de dichas religiones, los contrayentes deberán promover el expediente matrimonial ante el encargado del RC correspondiente y acreditar que los contrayentes reúnen los requisitos  de capacidad exigidos a todos los ciudadanos para la celebración del matrimonio  y la inscripción del mismo en el RC para el reconocimiento de sus efectos civiles.

 MATRIMONIO SECRETO

Los artículos 54 y 64 del CC regulan esta forma de matrimonio además de los preceptos de la Ley y Reglamento del Registro  civil relativos a su inscripción. Contiene tres requisitos;

-La concurrencia de causa grave.

– La autorización por el Ministro de Justicia.

– La inscripción en el libro especial del Registro Civil Central, pero esta inscripción no perjudicara los derechos adquiridos por terceras personas hasta que no se publique en el Registro Civil  ordinario.

Esta forma de celebración tiene su origen en el derecho canónico, en este ámbito se denominó en principio “matrimonio de conciencia” (Código derecho canónico (CIC) 1917) y posteriormente  el CIC 1983 utilizaba la expresión “celebración del matrimonio secreto” .Requiere la tramitación de expediente previo, pero se suprimen, obviamente los edictos como forma de publicidad. Es competencia del Ministerio de Justicia la apreciación de la gravedad del caso para autorizar esta modalidad de matrimonio. Es la modalidad especial que más controversias provoco en sede parlamentaria, pues se discutió acerca de la inconstitucionalidad del mismo por infringir, presuntamente, el artículo. 14 de la CE y entender que la publicidad del matrimonio es propio de la naturaleza jurídica de este acto constitutivo de un nuevo estado que debe ser oponible erga omnes.

MATRIMONIO EN PELIGRO DE MUERTE

 El artículo. 52 del CC regula el matrimonio celebrado en peligro de muerte  y establece tanto la competencia para su autorización cómo  los presupuestos que debe cumplir. Esta forma de matrimonio se caracteriza por la urgencia, en realidad es una modalidad de matrimonio civil. Pueden autorizarlo el Juez encargado del Registro Civil, el delegado o el Alcalde aunque los contrayentes no residan en la localidad donde se celebre. Respecto a los militares en campaña, el Oficial o Jefe Superior inmediato. Cuando se celebre en aeronave o a bordo de nave el Capitán o Comandante de la misma.

No requiere expediente previo, dada la situación, aunque si la presencia de dos testigos mayores de edad, salvo imposibilidad acreditada, la situación de urgencia flexibiliza la norma. El artículo 253 del RRC desarrolla aspectos de esta modalidad de matrimonio en relaciona a la inscripción del mismo. así, establece que : ” la autoridad o funcionario competente para autorizar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte, extenderá el cata oportuna que deberá contener las circunstancias necesarias para practicar la inscripción. El Delegado del Registro Civil, designado conforme a lo previsto en el artículo71 de este Reglamento, tiene competencia para autorizar este matrimonio y levantar acta. El Juez de Paz esta dispensado de pedir instrucciones al encargado cuando lo impida la urgencia del caso, pero le dará cuenta inmediata del matrimonio autorizado”.

 Aunque la urgencia del caso exima de la formación del expediente previo, hay que señalar que habrá de garantizarse por quién celebre el matrimonio y los testigos, la capacidad suficiente del contrayente en peligro de muerte  para prestar válidamente el consentimiento matrimonial , fundamentalmente la capacidad mental del mismo, valiéndose para ello, si así lo considera necesario, de un dictamen médico, si llegara a la conclusión de que el contrayente  no esta en condiciones de emitir un consentimiento libre y consciente, debe abstenerse de autorizar el matrimonio.

La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo del Juez, Alcalde o funcionario autorizante, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente. La ley soluciona la posible falta de legitimidad a favor del acto del matrimonio, con lo que confiere seguridad a los contrayentes y estabilidad social. No obstante  la legitimación del acto no es incondicional pues requiere, por un lado, la buena fe  de uno de los contrayentes y, por otro, el ejercicio público de la función.

MATRIMONIO POR PODER

Esta modalidad de matrimonio, regulada en el art. 55 del CC,  es de viejo arraigo y se ha utilizado fundamentalmente en épocas de guerra y de migración. Supone que uno de los contrayentes (poderdante) no podrá asistir a la celebración de su matrimonio y que será otra persona (apoderado) quien preste por el consentimiento matrimonial. El apoderado en el acto de la celebración del matrimonio emite una voluntad ajena y los efectos del matrimonio recaen directamente en el poderdante.

De ahí la importancia del poder, que debe ser especial para el acto concreto, otorgado en escritura pública notarial y en forma autentica, deberá contener todas las circunstancias personales del poderdante, del apoderado y la determinación de la persona con quien  celebrara el matrimonio el poderdante, es decir del cónyuge que lo celebra ante el Juez , Alcalde o funcionario de su domicilio incluyéndose en el acta todos sus datos personales y la constancia de la prestación del consentimiento para el acto futuro. Se requiere el expediente previo ante el RC, y la presencia personal en el acto del otro contrayente y su inscripción en el RC. El poder se extingue por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. La revocación debe hacerse en escritura pública notarial y se pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez Alcalde o funcionario competente.

MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO CONFORME A LA “LEX LOCI

El artículo 49-2º párrafo segundo establece la posibilidad de que los españoles puedan  contraer matrimonio fuera de España, según la ley del lugar de celebración. Para su validez en España es necesario el preceptivo expediente ante el encargado del RC, y su inscripción en el mismo. Es admisible su inscripción mediante la certificación  expedida por autoridad o funcionario del país de celebración, siempre que haya constancia de la realidad de la celebración y de su legalidad conforme a la ley española.

Para cualquier aclaración estamos, como siempre a su disposición.

 

SOLEDAD GALÁN JORDANO

-ABOGADA-

PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES

PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES

 

Si bien es cierto que en algunas Comunidades Autónomas, cuando se contrae matrimonio el régimen económico del mismo, salvo pacto en contrario, es el de separación de bienes, en  la mayor parte del territorio español,  ante el hecho del matrimonio, se aplica el régimen de gananciales, salvo pacto en contrario. No obstante  el Código Civil tiene mecanismos propios de libertad de pactos para que los cónyuges puedan optar en cualquier momento de su matrimonio por el régimen de separación de bienes, que es al que nos referimos hoy.

Así pues, los artículos 1435 a 1444 del Código Civil, regulan el Régimen de Separación de Bienes, que es aquel en el que cada cónyuge es dueño de su propio patrimonio y de la gestión del mismo, independientemente del otro cónyuge, sin que se produzca ningún tipo de confusión o comunidad de bienes por el hecho del matrimonio.

Así, el art. 1437  del C.Cv, establece que “En el régimen de separación de bienes pertenecen a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo corresponderá a cada uno (cónyuge) la administración, goce y libre disposición de tales bienes”.

Nos encontramos ante una disponibilidad absoluta de cada cónyuge de sus bienes propios, es decir los adquiridos antes de optar por  el régimen de separación de bienes, además de los que vayan adquiriendo cada cual durante y constante el matrimonio, con separación absoluta de titularidades y administración de bienes propios.

           ¿ES TAN ABSOLUTA ESA DISPONIBILIDAD?

Hay una disponibilidad relativa  porque el art. 1318 C.Cv establece que “Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio”

Y el art. 1438 establece que “Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalara a falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación”.

¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR CARGAS DEL MATRIMONIO O FAMILIARES?

Son  cargas del matrimonio los gastos de subsistencia, en el más amplio sentido, (colegios, seguros médicos, profesores de apoyo, médicos y medicinas no cubiertos por la Seguridad Social, alimentos, vestido, vivienda, ocio etc.)  entendida la familia como familia nuclear, es decir la compuesta de padres e hijos. Cada cónyuge, con independencia de los bienes que tengan, tiene  la obligación de contribuir al sostenimiento de su familia, en proporción a sus respectivos recursos económicos. El que tiene más deberá aportar más que el que tenga menos, siempre teniendo en cuenta los recursos que cada cual genera con su trabajo y sus bienes propios. Otra forma de contribuir, es el trabajo para la casa llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, generalmente la mujer.

       ¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR TRABAJO PARA LA CASA?

 La reforma del C.Cv.,  llevada a cabo por la Ley 11/1981, en su art. 1438, recoge que el trabajo doméstico es una contribución a las cargas familiares y la reforma de la Ley 13/2005, incorporo al art. 68 del mismo texto legal, el deber de compartir las responsabilidades domésticas, cuyo incumplimiento será resarcible en caso de extinción del régimen de separación de bienes por separación o divorcio.

El trabajo para la casa es el que comúnmente conocemos como la limpieza del hogar, la atención a los hijos, el cuidado de la ropa, educación, comida, aseo, dirección económica y administrativa del hogar, cuidados y atención de mayores o incapacitados que convivan en la casa con la familia a cargo de los cónyuges, llevar a los niños al colegio, al médico, a las actividades extra-escolares, organizar el ocio familiar, hacer la compra, conducir vehículos para el traslado de niños, familiares y otros similares.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2011, sentó el derecho a obtener una compensación económica por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en  el régimen de separación de bienes. Así pues, el trabajo para la casa no solo es una forma de contribución sino que es también un título para conseguir una compensación económica en el momento en que se extinga el matrimonio en régimen de separación de bienes.

El fundamento de este derecho se encuentra en la desigualdad que se produce cuando un cónyuge se dedica exclusivamente a hacer un trabajo en el que tienen que contribuir ambos cónyuges, y el que asume todo el trabajo para la casa no se beneficia de las ganancias que obtiene para su patrimonio personal el cónyuge que no contribuye a los trabajos para la casa, permitiendo a este quedar liberado de dichos trabajos en su propio beneficio.

¿QUÉ EXIGE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL PARA EL DERECHO A LA COMPENSACIÓN UNA VEZ EXTINGUIDO EL MATRIMONIO EN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES?

 En primer lugar la dedicación exclusiva a la familia. Si el cónyuge ha contribuido con el trabajo para la casa al levantamiento de las cargas familiares, es suficiente para obtener una compensación económica una vez se extinga el matrimonio y, como venimos repitiendo, el régimen matrimonial haya sido el de separación de bienes. El que el otro cónyuge haya conseguido o no un incremento patrimonial durante el matrimonio no afecta al derecho a la compensación del cónyuge dedicado al trabajo de la casa.

No afecta que el cónyuge se haya ayudado de personal para el trabajo de la casa, lo importante que haya asumido todo lo relacionado con la casa y la organización y orden domestico de forma exclusiva durante y constante el matrimonio. En este sentido la AP de Córdoba en Sentencia de 6 de febrero de 2004 establecía “…no todo lo que precisa una casa lo realiza el servicio doméstico que pueda tener, ni el persona que realiza este cometido esta normalmente, el día entero ni todos los días…”

  ¿QUÉ DERECHOS ASISTEN AL CÓNYUGE DEDICADO AL TRABAJO DOMESTICO EN UN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES CUANDO SE EXTINGUE EL MATRIMONIO POR SENTENCIA DE SEPARACIÓN O DIVORCIO?

El derecho a la pensión compensatoria, es un derecho dispositivo, es decir que es el cónyuge beneficiario quien lo tiene que solicitar, puede también no ejercerlo.  No es un derecho automático por el hecho de la separación o divorcio.

La pensión compensatoria es compatible con la pensión por desequilibrio económico prevista en el art. 97 del C.Cv, que puede solicitar el cónyuge al que la separación o divorcio haya producido un desequilibrio en relación al estatus o nivel de vida que mantenía durante su matrimonio en cualquier régimen, tanto el de gananciales como el de separación de bienes.

Ambas pensiones son totalmente compatibles.

  ¿CÓMO SE CUANTIFICA LA PENSIÓN COMPENSATORIA?

A falta de acuerdo, tendrá que decidir el Juez, por lo que aconsejo llegar a un acuerdo sobre el tema.

Las últimas sentencias han aplicado el criterio del sueldo del servicio doméstico y han establecido una pensión mensual de 600 euros durante todo el tiempo que duro el matrimonio. Eso no empece a que en otras la cantidad sea superior pues son varios los factores a tener en cuenta, por ejemplo, si el cónyuge que se ha dedicado a las tareas de la casa tuvo que renunciar al ejercicio de su profesión para dedicarse al trabajo de la casa por favorecer al esposo en su profesión, en casos de traslado de destino etc. etc.

 ¿SE PUEDE PREVER ESTA SITUACIÓN EN LOS PACTOS PREMATRIMONIALES?

Los pactos prematrimoniales renunciando a la pensión compensatoria son posibles, dado el carácter de derecho dispositivo de la norma que lo regula, siempre que los pactos prematrimoniales, como ya dijimos en su día, se realicen con las garantías legales de la constitución en escritura pública y mutuo consenso así como la renovación y /o confirmación de los mismos a lo largo del tiempo.

Para cualquier duda o aclaración estamos a su disposición en Galán Abogados.

Soledad Galán Jordano

-Abogada-

 

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL

 

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más popularmente conocido como “plusvalía municipal” es un impuesto directo, de devengo instantáneo, municipal y de establecimiento voluntario por los ayuntamientos, a quienes corresponde íntegramente su gestión.

 

¿QUÉ GRAVA LA PLUSVALÍA?

– La transmisión de su propiedad por cualquier título, tales como la transmisión por herencia o legado; la declaración de herederos “ab intestato” y/o la transmisión por donación, compraventa o permuta.

– La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre dichos terrenos. Como ejemplos a tener presente el usufructo y el derecho de uso y habitación.

 

¿QUIÉN LO SOPORTA?

 

Cuando es a título lucrativo (por ejemplo, por donación) es sujeto pasivo el adquirente del terreno o la persona o entidad a cuyo favor se constituye o transmite el derecho real.

En cambio, si es a título oneroso (por ejemplo, una compraventa) es sujeto pasivo el transmitente del terreno o la persona o entidad que constituye o transmite el derecho real.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 11 de mayo de 2017,  ha declarado inconstitucional el pago de este impuesto cuando el vendedor ha obtenido una pérdida por la venta del inmueble.

Por consiguiente, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.

Por tanto, se desprende del contenido de la STC la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la ley cuestionada “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

 

PLAZOS

Existen dos opciones según el caso:

Si se realizó una liquidación del impuesto (es el ayuntamiento quien realiza el cálculo), el plazo para recurrirla será de 1 mes. Después de esa fecha la liquidación pasa a ser firme.

Si se consumó una autoliquidación del impuesto (realizada a iniciativa de la propia persona afectada o contribuyente), el plazo para poder reclamarla y solicitar la oportuna rectificación y devolución del ingreso indebido será de 4 años. El paso de esos 4 años significará la prescripción.

 

CONCLUSIÓN

 

Ultima el Tribunal Constitucional que, a partir de la publicación de la sentencia, “corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

Galán Abogados se encuentra a su disposición para el estudio de su caso y proceder a su impugnación tras el abono de dicho impuesto requerido, con el fin de recuperar las cantidades pagadas de más junto con los intereses de demora que procedan.

Paloma Galán

-Abogada-

LA MEDIACION COMO FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

LA MEDIACIÓN COMO FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

 

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2012 de 6 de julio,  de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se abre al justiciable como un abanico de posibilidades en la resolución de sus conflictos, más amplio que la concurrencia obligatoria a los Tribunales o al Arbitraje.

Pienso que es una norma muy interesante para resolver conflictos entre partes y no entiendo porque no se le ha dado la importancia debida, a través de los medios de comunicación, pues el ciudadano debe saber y comprender todos los medios a su alcance para resolver cualquier problema que le pueda sobrevenir.

El ciudadano debe saber;

¿Qué es la ley de Mediación?

Como dice en su exposición de motivos, esta Ley nace por la necesidad  de establecer sistemas alternativos de resolución de conflictos, existentes en otros países de nuestro entorno desde los años sesenta del pasado siglo. Su característica fundamental, además de la voluntariedad, es la deslegalización, o perdida del papel  de la ley en beneficio de un principio dispositivo de las partes en conflicto, es decir que las partes pueden resolver sus controversias obviando la legalidad para satisfacer sus intereses, lo que no quiere decir que los acuerdos así adoptados  puedan ser ilegales, sino que el acuerdo se desarrolla en un marco de consenso, distinto al de  la imposición legal.

Su ámbito de aplicación se circunscribe a los conflictos entre partes en España y entre españoles y ciudadanos o entidades  de la Unión Europea (Directiva 2008/52/CE)

Todos conocemos la mecánica de los Juzgados y el coste que, para el ciudadano supone cualquier conflicto que le sobrevenga con otra persona o entidad, además del tiempo empleado por los juzgadores, sobrecargados de trabajo, para su solución, solución que,  basada en la dicotomía vencedor/ vencido, finalmente o en muy pocas ocasiones satisface a las partes en conflicto.

La mecánica de la mediación es bien distinta, pues se busca la satisfacción de ambas partes llegando a una solución en la que ninguna de ellas es vencedora ni vencida, sino que se acuerda una solución, que ambas partes consideran justa.

El coste es mínimo, y la rapidez en la resolución del conflicto, inimaginable, comparado con  el  tiempo de una resolución judicial.

El acuerdo alcanzado es equiparable a la sentencia dictada por cualquier tribunal y exigible entre las partes de la misma forma.

El Mediador es la pieza esencial de la mediación, puesto que su misión consiste en ayudar a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida entre las partes. Debe ser una persona formada, con conocimiento general de la Ley aplicable al asunto, para conseguir una solución ajustada a derecho, y puede ayudarse de peritos, si lo considera conveniente. No puede tener incompatibilidad con las partes en conflicto, (amigo, socio, etc.) y tampoco interés en el asunto que se le somete a mediación. La mediación es confidencial de modo que el Mediador no podrá comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le hubiera aportado, salvo que esta lo autorizara expresamente.

La mediación necesita el consenso de las partes en conflicto. Ambas partes deben decidir quién debe ser la persona a la que, como Mediador, sometan ese conflicto.

¿Quiénes pueden ser mediadores?

En primer lugar las personas físicas  que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, también pueden serlo las personas jurídicas, quienes designaran a personas físicas para el ejercicio de la mediación.

Tienen que estar en posesión de un Título Universitario o de Formación Profesional Superior y  contar con formación específica para ejercer la mediación.

¿Sobre que materias no es posible  la Mediación?

Sobre el derecho civil, mercantil y laboral no dispositivo. Por ejemplo, se puede mediar en una separación o divorcio, con hijos, pero lo acordado debe presentarse al Juez competente y darle traslado al Ministerio Fiscal para la aprobación del acuerdo, porque no se puede transigir sobre los derechos de los menores. Si no hay hijos, el acuerdo alcanzado con la mediación, una vez elevado a escritura pública, sobre la que después volveré, tiene el mismo valor que una sentencia judicial.

¿Cuál es el proceso de mediación?

Una vez elegido el Mediador, se acude a su despacho y se le expone el tema de conflicto.

Se redacta un contrato de mediación, en el que identificadas las partes , el mediador y  el conflicto, se establece un plazo para la resolución del mismo, (entre 1 y 3 meses)  los honorarios del Mediador, y la provisión de fondos, así como  la indicación de que ambas partes satisfarán sus honorarios en la forma convenida, que generalmente es del 50%.

El mediador llamara, por separado, a cada una de las partes, para conocer las distintos puntos de vista del conflicto, y celebrara una o varias sesiones conjuntas, indicando a las partes las posibilidades de solucionar el conflicto, el mediador no adopta la solución del conflicto solo ayuda  a las partes a encontrar la solución que ambas consideran justa y que suscribirán.

¿Si tengo un pleito en el Juzgado, puedo intentar la mediación?

Si tenemos un pleito en el Juzgado y queremos intentar la mediación, solo hay que ponerlo en conocimiento del Mediador para solicitar la suspensión del procedimiento a resultas de la mediación.

¿Qué valor tiene al acuerdo alcanzado en la mediación?

Una vez alcanzado el acuerdo, las partes pueden elevarlo a escritura pública. Es decir acuden al Notario para que eleve a público el acuerdo. Caso de incumplimiento el acuerdo elevado a público se ejecuta como una sentencia.

El proceso es fácil, relativamente económico, rápido y efectivo, por lo que confío en que en un futuro próximo, y ya en el presente inmediato, sirva de solución a conflictos entre partes de forma voluntaria, pues hay un aforismo en derecho que dice “más vale un mal acuerdo que una buena sentencia.”

Soledad Galán Jordano

Mediador Civil – Mercantil

Abogada