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EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL

 

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más popularmente conocido como “plusvalía municipal” es un impuesto directo, de devengo instantáneo, municipal y de establecimiento voluntario por los ayuntamientos, a quienes corresponde íntegramente su gestión.

 

¿QUÉ GRAVA LA PLUSVALÍA?

– La transmisión de su propiedad por cualquier título, tales como la transmisión por herencia o legado; la declaración de herederos “ab intestato” y/o la transmisión por donación, compraventa o permuta.

– La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre dichos terrenos. Como ejemplos a tener presente el usufructo y el derecho de uso y habitación.

 

¿QUIÉN LO SOPORTA?

 

Cuando es a título lucrativo (por ejemplo, por donación) es sujeto pasivo el adquirente del terreno o la persona o entidad a cuyo favor se constituye o transmite el derecho real.

En cambio, si es a título oneroso (por ejemplo, una compraventa) es sujeto pasivo el transmitente del terreno o la persona o entidad que constituye o transmite el derecho real.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 11 de mayo de 2017,  ha declarado inconstitucional el pago de este impuesto cuando el vendedor ha obtenido una pérdida por la venta del inmueble.

Por consiguiente, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.

Por tanto, se desprende del contenido de la STC la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la ley cuestionada “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

 

PLAZOS

Existen dos opciones según el caso:

Si se realizó una liquidación del impuesto (es el ayuntamiento quien realiza el cálculo), el plazo para recurrirla será de 1 mes. Después de esa fecha la liquidación pasa a ser firme.

Si se consumó una autoliquidación del impuesto (realizada a iniciativa de la propia persona afectada o contribuyente), el plazo para poder reclamarla y solicitar la oportuna rectificación y devolución del ingreso indebido será de 4 años. El paso de esos 4 años significará la prescripción.

 

CONCLUSIÓN

 

Ultima el Tribunal Constitucional que, a partir de la publicación de la sentencia, «corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

Galán Abogados se encuentra a su disposición para el estudio de su caso y proceder a su impugnación tras el abono de dicho impuesto requerido, con el fin de recuperar las cantidades pagadas de más junto con los intereses de demora que procedan.

Paloma Galán

-Abogada-

LA MEDIACION COMO FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

LA MEDIACIÓN COMO FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

 

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2012 de 6 de julio,  de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se abre al justiciable como un abanico de posibilidades en la resolución de sus conflictos, más amplio que la concurrencia obligatoria a los Tribunales o al Arbitraje.

Pienso que es una norma muy interesante para resolver conflictos entre partes y no entiendo porque no se le ha dado la importancia debida, a través de los medios de comunicación, pues el ciudadano debe saber y comprender todos los medios a su alcance para resolver cualquier problema que le pueda sobrevenir.

El ciudadano debe saber;

¿Qué es la ley de Mediación?

Como dice en su exposición de motivos, esta Ley nace por la necesidad  de establecer sistemas alternativos de resolución de conflictos, existentes en otros países de nuestro entorno desde los años sesenta del pasado siglo. Su característica fundamental, además de la voluntariedad, es la deslegalización, o perdida del papel  de la ley en beneficio de un principio dispositivo de las partes en conflicto, es decir que las partes pueden resolver sus controversias obviando la legalidad para satisfacer sus intereses, lo que no quiere decir que los acuerdos así adoptados  puedan ser ilegales, sino que el acuerdo se desarrolla en un marco de consenso, distinto al de  la imposición legal.

Su ámbito de aplicación se circunscribe a los conflictos entre partes en España y entre españoles y ciudadanos o entidades  de la Unión Europea (Directiva 2008/52/CE)

Todos conocemos la mecánica de los Juzgados y el coste que, para el ciudadano supone cualquier conflicto que le sobrevenga con otra persona o entidad, además del tiempo empleado por los juzgadores, sobrecargados de trabajo, para su solución, solución que,  basada en la dicotomía vencedor/ vencido, finalmente o en muy pocas ocasiones satisface a las partes en conflicto.

La mecánica de la mediación es bien distinta, pues se busca la satisfacción de ambas partes llegando a una solución en la que ninguna de ellas es vencedora ni vencida, sino que se acuerda una solución, que ambas partes consideran justa.

El coste es mínimo, y la rapidez en la resolución del conflicto, inimaginable, comparado con  el  tiempo de una resolución judicial.

El acuerdo alcanzado es equiparable a la sentencia dictada por cualquier tribunal y exigible entre las partes de la misma forma.

El Mediador es la pieza esencial de la mediación, puesto que su misión consiste en ayudar a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida entre las partes. Debe ser una persona formada, con conocimiento general de la Ley aplicable al asunto, para conseguir una solución ajustada a derecho, y puede ayudarse de peritos, si lo considera conveniente. No puede tener incompatibilidad con las partes en conflicto, (amigo, socio, etc.) y tampoco interés en el asunto que se le somete a mediación. La mediación es confidencial de modo que el Mediador no podrá comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le hubiera aportado, salvo que esta lo autorizara expresamente.

La mediación necesita el consenso de las partes en conflicto. Ambas partes deben decidir quién debe ser la persona a la que, como Mediador, sometan ese conflicto.

¿Quiénes pueden ser mediadores?

En primer lugar las personas físicas  que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, también pueden serlo las personas jurídicas, quienes designaran a personas físicas para el ejercicio de la mediación.

Tienen que estar en posesión de un Título Universitario o de Formación Profesional Superior y  contar con formación específica para ejercer la mediación.

¿Sobre que materias no es posible  la Mediación?

Sobre el derecho civil, mercantil y laboral no dispositivo. Por ejemplo, se puede mediar en una separación o divorcio, con hijos, pero lo acordado debe presentarse al Juez competente y darle traslado al Ministerio Fiscal para la aprobación del acuerdo, porque no se puede transigir sobre los derechos de los menores. Si no hay hijos, el acuerdo alcanzado con la mediación, una vez elevado a escritura pública, sobre la que después volveré, tiene el mismo valor que una sentencia judicial.

¿Cuál es el proceso de mediación?

Una vez elegido el Mediador, se acude a su despacho y se le expone el tema de conflicto.

Se redacta un contrato de mediación, en el que identificadas las partes , el mediador y  el conflicto, se establece un plazo para la resolución del mismo, (entre 1 y 3 meses)  los honorarios del Mediador, y la provisión de fondos, así como  la indicación de que ambas partes satisfarán sus honorarios en la forma convenida, que generalmente es del 50%.

El mediador llamara, por separado, a cada una de las partes, para conocer las distintos puntos de vista del conflicto, y celebrara una o varias sesiones conjuntas, indicando a las partes las posibilidades de solucionar el conflicto, el mediador no adopta la solución del conflicto solo ayuda  a las partes a encontrar la solución que ambas consideran justa y que suscribirán.

¿Si tengo un pleito en el Juzgado, puedo intentar la mediación?

Si tenemos un pleito en el Juzgado y queremos intentar la mediación, solo hay que ponerlo en conocimiento del Mediador para solicitar la suspensión del procedimiento a resultas de la mediación.

¿Qué valor tiene al acuerdo alcanzado en la mediación?

Una vez alcanzado el acuerdo, las partes pueden elevarlo a escritura pública. Es decir acuden al Notario para que eleve a público el acuerdo. Caso de incumplimiento el acuerdo elevado a público se ejecuta como una sentencia.

El proceso es fácil, relativamente económico, rápido y efectivo, por lo que confío en que en un futuro próximo, y ya en el presente inmediato, sirva de solución a conflictos entre partes de forma voluntaria, pues hay un aforismo en derecho que dice “más vale un mal acuerdo que una buena sentencia.”

Soledad Galán Jordano

Mediador Civil – Mercantil

Abogada

LOS PACTOS PREMATRIMONIALES, CONCEPTO Y ALCANCE.

CON CARÁCTER PREVIO AL MATRIMONIO ¿SE PUEDEN ESTABLECER ACUERDOS PARA EL CASO DE UNA POSIBLE FUTURA RUPTURA MATRIMONIAL?

Durante los últimos cuarenta años el derecho de familia español, se ha venido caracterizando por el reconocimiento, cada vez mayor, de la autonomía de la voluntad. Esta evolución ha venido marcada, en principio por la Ley 14/1975 de 2 de mayo, que elimino las limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada, pasando por la Ley 11/1981 de 13 de mayo, que estableció la libertad de los cónyuges para poder celebrar entre si cualquier clase de negocio jurídico, y la Ley 30/1981 de 7 de julio, que a través del reconocimiento de la separación y divorcio matrimoniales introdujo el convenio regulador, que permitía a los cónyuges en proceso de ruptura matrimonial consensuar, de mutuo acuerdo, los efectos de esa ruptura, y finalmente la Ley 15/2005 de 8 de julio, que ha reconocido a los cónyuges el derecho a la ruptura matrimonial no causal, es decir, sin más causa que el transcurso del tiempo de tres meses de casados para solicitar el divorcio, lo que supone una ampliación de la autonomía de la voluntad, para separarse o divorciarse, determinando los efectos de la ruptura matrimonial.

Seguro que todos sabemos que en nuestro derecho común, está permitida, por así contemplarlo nuestra legislación las denominadas Capitulaciones Matrimoniales, que tienen lugar con carácter previo a la celebración del matrimonio, como reminiscencia de la antigua prohibición de poder contratar los esposos entre sí. La celebración de capitulaciones matrimoniales, trae como consecuencia lógica que sea la separación de bienes el régimen económico por el que se regirá el futuro matrimonio, siendo esta la norma en autonomías como Cataluña, con derecho Foral, que a través del Código Civil de Cataluña regula el derecho de familia.

LOS PACTOS PREMATRIMONIALES CONCEPTO Y ALCANCE

En nuestro derecho común, la norma es al revés, las capitulaciones matrimoniales son la excepción siendo la norma general la ausencia de capitulaciones lo que automáticamente nos lleva al régimen económico matrimonial de gananciales, que se caracteriza por la presunción de ganancialidad de todo lo que se adquiera durante y constante el matrimonio, lo adquiera uno u otro cónyuge, o ambos con su trabajo.

¿Qué ocurre cuando en el matrimonio se instala el régimen de gananciales? Pues que en caso de ruptura se da un proceso largo, complicado, costoso y sin sentido por la cerrazón a veces de ambos cónyuges, otras de uno de ellos, auspiciado por el malestar personal que, evidentemente, se crea cuando se está instalado en un proceso de ruptura conyugal.

Pero si el llegar a un acuerdo, en el plano económico de reparto de bienes, es complicado, más penoso y sobre todo doloroso es determinar las futuras relaciones paterno filiales, la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores, como se ejerce la patria potestad, si se considera la posibilidad de una custodia compartida, el régimen de visitas, en su caso, la pensión de alimentos a los hijos, la prestación por desequilibrio económico al otro cónyuge, la atribución del uso de la vivienda familiar, que hacer en caso de hijos incapacitados, medidas todas ellas a adoptar necesariamente al momento de la ruptura conyugal.

LOS PACTOS PREMATRIMONIALES CONCEPTO
Todos hemos pensado alguna vez, que si todas estas cuestiones se hubieran resuelto con carácter previo al matrimonio, en el momento de la ruptura, momento delicado donde los haya, solo habría que aplicar lo acordado sin más presiones que las ya ocasionadas por el hecho de la ruptura en sí.

¿Admite nuestro derecho positivo los pactos o convenios en previsión de ruptura?
Aunque nuestro Código Civil no contempla expresamente la posibilidad de estos convenios preventivos, no es menos cierto que estos encuentran su fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, (art. 1255 CC), la plena capacidad de los cónyuges para contratar entre sí (art. 1323 CC), y, la de adoptar cualquier estipulación por razón de su matrimonio (art.1325 CC), la aplicación a lo acordado de las normas generales de la contratación (art. 1255 CC) que admite su validez siempre que lo acordado no sea contrarios a la ley, la moral o el orden público y la posibilidad de invalidar los acuerdos adoptados por vicios de consentimiento o falta de capacidad (art. 1279 CC).

La existencia de la normativa señalada, así como gran cantidad de sentencias de interpretación de estos convenios preventivos, nos llevan a concluir que estos pactos o convenios son posibles y deseables, y que su eficacia, siempre que los mismos cumplan lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico está garantizada.

En Galán Abogados le asesoramos acerca de los pactos en previsión de ruptura, si fuere asunto de su interés.

Soledad Galán Jordano
-Abogada-

La cláusula suelo en las hipotecas inmobiliarias

LA CLÁUSULA SUELO EN LAS HIPOTECAS INMOBILIARIAS

        El suelo establece el límite concreto referido a las cláusulas suelo, en el sentido de constituirse un interés mínimo a pagar en las cuotas de un préstamo hipotecario.

      Dicho límite mínimo se lleva a cabo en aquellas hipotecas con tipo de interés variable; en el sentido de que toma como referencia la evolución de un determinado índice, en general, el Euribor. Ello quiere decir que, pese a una posible bajada de los tipos de interés del índice referenciado, la tasa de interés aplicada por el banco no bajará más allá de un determinado nivel.

      Según explicaciones del Banco de España, las cláusulas suelo no son ilegales como norma general. Lo cual no obsta para que las entidades bancarias estén obligadas a informar de forma adecuada a sus clientes acerca de las particularidades y consecuencias de la presencia de un suelo en sus préstamos hipotecarios. Contrario sensu, dicha cláusula podrá ser consideraba abusiva y anulada del contrato.

     En este sentido, la sentencia de 9 de mayo del 2013 del Tribunal Supremo sentó jurisprudencia en el tratamiento que las cláusulas suelo, declarando que la nulidad de las mismas se debe a la falta de transparencia que tuvo lugar durante el proceso de contratación de la hipoteca. Los prestatarios podían entonces reclamar dicha abusividad y recuperar la cantidad dineraria correspondiente desde la fecha de dicha sentencia.

    Entonces, ¿no se podía recuperar las cantidades abusivas abonadas con anterioridad al 9 de mayo de 2013? Fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien, en fecha 21 de diciembre de 2015, dio a conocer el fallo en relación con la retroactividad de los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo.

        El Tribunal de Justicia entiende que, según la Directiva, las cláusulas abusivas no podrán vincular al consumidor, en las condiciones acordadas por el Derecho de los Estados miembros, correspondiendo a éstos la obligación de prever medios adecuados y eficaces para el cese del uso de tales cláusulas.

         El Tribunal de Justicia explica que incumbe al juez nacional dejar sin aplicación la cláusula abusiva, de manera que se considere que dicha cláusula no ha existido nunca y que, en ese sentido, no produzca efectos vinculantes para el consumidor mediante el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Es por ello por lo que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor.

        A la vista de esta doctrina del TJUE, se arbitra un cauce extrajudicial de carácter voluntario para el consumidor, facilitándose el poder llegar a un acuerdo con la entidad de crédito en España: el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

   Todos los afectados por una hipoteca con cláusula suelo pueden reclamar extrajudicialmente ante su entidad bancaria. Si la entidad reconoce la citada cláusula abusiva, puede compensar mediante el cobro en efectivo o la minoración del principal que quede pendiente de pagar de la hipoteca en una cantidad equivalente, entre otros.

    Galán Abogados se encuentra a su disposición para el estudio de su caso y proceder a la reclamación judicial, con el fin de obtener la declaración de nulidad de su cláusula suelo y confirmar que el cálculo del perjuicio causado es el adecuado, así como el re-cálculo del cuadro de amortización.

Paloma Galán

-Abogada-

Custodia Compartida: Evolución y Aplicación

A PROPÓSITO DE LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA

          Desde la Ley 30/1981, que introdujo en nuestra legislación el divorcio y la posibilidad de atribuir a uno de los progenitores la guarda y custodia y la patria potestad conjunta, hasta el momento actual, mucho ha ocurrido en nuestro derecho de familia.

          La Ley 30/1981, atribuía de modo casi exclusivo la guarda y custodia de los hijos menores a la madre, salvo que se acreditase que no era una “buena madre”, fijando para el padre un régimen de visitas restrictivo, y atribuyendo a los hijos y a la madre el domicilio familiar hasta que estos tuvieran independencia económica, imponiéndole al progenitor no custodio la obligación de alimentos cuantificada según sus ingresos y posición social.

           El objetivo de esta ley, principalmente, fue regular la situación de matrimonios en crisis que no podían acceder al divorcio porque no existía normativa al respecto.

         Me atrevo a decir, desde mi experiencia, que esta ley no tenía en cuenta el interés de los menores, que pasaban, de poder estar con sus progenitores todos los días, a ver a su progenitor no custodio dos días cada quince, la consabida coletilla de “fines de semana alternos” y algunos días de vacaciones, entregando las riendas de la educación de los hijos menores a la madre, sin la intervención paterna.

          La Ley 15/2005 de 8 de julio, supuso un avance en la denominada custodia compartida, pero contaba con obstáculos a veces insalvables, como el consentimiento de ambos progenitores y el informe favorable del Ministerio Fiscal, digamos que suponía una apertura favorable al interés del menor, pero se quedaba corta,  se debería avanzar más.

             Es, por un lado el clamor popular de esos padres, que quieren ser coparticipes de la educación de sus hijos, de esas madres que trabajan y que finalmente tienen el mismo tiempo y, a veces menos, que el otro progenitor para dedicarlo a la formación de sus hijos, y de otro,  la jurisprudencia, que va adaptando esa Ley 15/2005 a las circunstancias de vida actuales, y sobre todo al entendimiento de que, por encima de disputas personales y de pareja, muy por encima de medios económicos,  lo único que de verdad debe importar en el momento del divorcio, es el interés del menor, que es la parte indefensa e inocente de la ruptura conyugal.

CUSTODIA COMPARTIDA EVOLUCION

          A partir de ese entendimiento jurisprudencial, en sentencias, entre otras muchas, la de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 29/04/2013, Resolución 257/2013, siendo ponente  Seijas Quintana, que establece que: “la guarda y custodia compartida no es una medida excepcional, sino que habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible”…, o cómo precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : «se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel…,puede entenderse que el gobierno haya presentado y aprobado un anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de separación nulidad o divorcio.

          Ya el tratamiento del lenguaje adivina un cambio a favor de los menores exigiendo una colaboración de ambos padres para llegar a esa corresponsabilidad en la educación de los hijos, a la que todo menor tiene derecho, esté vigente o no el matrimonio de sus padres. Qué duda cabe que los órganos judiciales están hoy más abiertos a la custodia compartida que cuando se promulgo la ley 15/2005, pero aún hay que batallar más en ese sentido, nadie negara, mirando retrospectivamente a su niñez y adolescencia, la importancia de su padre y su madre en la educación que recibió, seguramente no pueda decir quién de los dos aportó más, pero los sintió igualmente necesarios.

       En nuestro despacho, desde siempre, hemos batallado por la custodia compartida y hemos cosechado para nuestros clientes resoluciones favorables en ese sentido. Apoyamos y apoyaremos el derecho del menor a estar de forma igualitaria con sus dos progenitores, orientamos a los progenitores a despojarse de ese derecho a la educación, que a veces sienten de forma exclusiva y a entender que la educación y formación de los hijos es corresponsabilidad de ambos progenitores, ejercida de forma conjunta en beneficio exclusivamente de esos menores que sienten derrumbarse su mundo cuando sus padres deciden terminar la relación conyugal.

Soledad Galán.

-Abogada-

Derecho de la competencia, qué es y cómo está regulado

¿Qué es el derecho de la competencia?

El Derecho de la competencia (en inglés, Competition Law o Antitrust Law) es la rama del Derecho que se encarga de regular el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y monopolios.

Su objetivo reside en promover la competencia entre las empresas existentes en el mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente.

¿Por qué existe el derecho de la competencia?

Su principal premisa consiste en que el comercio libre beneficie tanto a consumidores, empresas y la economía en general, prohibiéndose distintos tipos de restricciones comerciales y el abuso del monopolio.

Estas restricciones pueden ser de cuatro tipos: acuerdos horizontales y verticales, abuso de una posición dominante y fusiones, además de determinadas ayudas de Estado.

¿Quién regula el derecho de la competencia?

Las instituciones europeas encargadas de la aplicación y revisión de las normas sobre el Derecho de la Competencia son la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión, junto con las autoridades nacionales, aplica directamente la normativa europea de competencia para garantizar así que, al competir las empresas según sus méritos y en condiciones justas y equitativas, los mercados funcionen mejor. El control ex post lo realiza el TJUE, el cual se pronuncia con ocasión de las cuestiones prejudiciales que se planteen por los tribunales nacionales.

En España, en junio de 2013 se publicó la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo público que garantiza la libre competencia y regula los mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a los consumidores.

Este es independiente del Gobierno y está sometido al control parlamentario, entrando en funcionamiento el 7 de octubre de 2013.

¿Cómo se regula?

El ejercicio de esta Política está codificado en la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Derecho de la Competencia.

Esta establece, en primer lugar, en qué casos corresponde actuar a las autoridades europeas o nacionales.

En general, son competencia de las autoridades nacionales los casos que afectan al comercio del Estado Miembro únicamente, reservándose las autoridades europeas los casos que afectan a más de un Estado Miembro.

También permite que cada Estado miembro mantenga sus propias leyes, siempre y cuando éstas no sean contrarias al Derecho de la Unión Europea.

Por otro lado, prohíbe los acuerdos que limitan la competencia entre las empresas y el ejercicio abusivo del poder económico por parte de las empresas que ostenten una posición de dominio en el mercado, además de controlar las concentraciones económicas que por su importancia puedan alterar la estructura del mercado nacional en contra del interés público y las ayudas públicas concedidas a las empresas.

Nuestro despacho cree en la importancia del Derecho, no sólo a nivel nacional, sino el desarrollado mediante legislación y jurisprudencia en  la Unión Europea. Es por ello por lo que somos expertos en la misma y asesoramos tanto a empresas como particulares respecto a algún litigio en atención a dicha materia.

Si necesitas de nuestros servicios, puedes ponerte en contacto con nosotros haciendo clic aquí.

Paloma Galán

-Abogada-