PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES

PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES

 

Si bien es cierto que en algunas Comunidades Autónomas, cuando se contrae matrimonio el régimen económico del mismo, salvo pacto en contrario, es el de separación de bienes, en  la mayor parte del territorio español,  ante el hecho del matrimonio, se aplica el régimen de gananciales, salvo pacto en contrario. No obstante  el Código Civil tiene mecanismos propios de libertad de pactos para que los cónyuges puedan optar en cualquier momento de su matrimonio por el régimen de separación de bienes, que es al que nos referimos hoy.

Así pues, los artículos 1435 a 1444 del Código Civil, regulan el Régimen de Separación de Bienes, que es aquel en el que cada cónyuge es dueño de su propio patrimonio y de la gestión del mismo, independientemente del otro cónyuge, sin que se produzca ningún tipo de confusión o comunidad de bienes por el hecho del matrimonio.

Así, el art. 1437  del C.Cv, establece que “En el régimen de separación de bienes pertenecen a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo corresponderá a cada uno (cónyuge) la administración, goce y libre disposición de tales bienes”.

Nos encontramos ante una disponibilidad absoluta de cada cónyuge de sus bienes propios, es decir los adquiridos antes de optar por  el régimen de separación de bienes, además de los que vayan adquiriendo cada cual durante y constante el matrimonio, con separación absoluta de titularidades y administración de bienes propios.

           ¿ES TAN ABSOLUTA ESA DISPONIBILIDAD?

Hay una disponibilidad relativa  porque el art. 1318 C.Cv establece que “Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio”

Y el art. 1438 establece que “Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalara a falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación”.

¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR CARGAS DEL MATRIMONIO O FAMILIARES?

Son  cargas del matrimonio los gastos de subsistencia, en el más amplio sentido, (colegios, seguros médicos, profesores de apoyo, médicos y medicinas no cubiertos por la Seguridad Social, alimentos, vestido, vivienda, ocio etc.)  entendida la familia como familia nuclear, es decir la compuesta de padres e hijos. Cada cónyuge, con independencia de los bienes que tengan, tiene  la obligación de contribuir al sostenimiento de su familia, en proporción a sus respectivos recursos económicos. El que tiene más deberá aportar más que el que tenga menos, siempre teniendo en cuenta los recursos que cada cual genera con su trabajo y sus bienes propios. Otra forma de contribuir, es el trabajo para la casa llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, generalmente la mujer.

       ¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR TRABAJO PARA LA CASA?

 La reforma del C.Cv.,  llevada a cabo por la Ley 11/1981, en su art. 1438, recoge que el trabajo doméstico es una contribución a las cargas familiares y la reforma de la Ley 13/2005, incorporo al art. 68 del mismo texto legal, el deber de compartir las responsabilidades domésticas, cuyo incumplimiento será resarcible en caso de extinción del régimen de separación de bienes por separación o divorcio.

El trabajo para la casa es el que comúnmente conocemos como la limpieza del hogar, la atención a los hijos, el cuidado de la ropa, educación, comida, aseo, dirección económica y administrativa del hogar, cuidados y atención de mayores o incapacitados que convivan en la casa con la familia a cargo de los cónyuges, llevar a los niños al colegio, al médico, a las actividades extra-escolares, organizar el ocio familiar, hacer la compra, conducir vehículos para el traslado de niños, familiares y otros similares.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2011, sentó el derecho a obtener una compensación económica por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en  el régimen de separación de bienes. Así pues, el trabajo para la casa no solo es una forma de contribución sino que es también un título para conseguir una compensación económica en el momento en que se extinga el matrimonio en régimen de separación de bienes.

El fundamento de este derecho se encuentra en la desigualdad que se produce cuando un cónyuge se dedica exclusivamente a hacer un trabajo en el que tienen que contribuir ambos cónyuges, y el que asume todo el trabajo para la casa no se beneficia de las ganancias que obtiene para su patrimonio personal el cónyuge que no contribuye a los trabajos para la casa, permitiendo a este quedar liberado de dichos trabajos en su propio beneficio.

¿QUÉ EXIGE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL PARA EL DERECHO A LA COMPENSACIÓN UNA VEZ EXTINGUIDO EL MATRIMONIO EN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES?

 En primer lugar la dedicación exclusiva a la familia. Si el cónyuge ha contribuido con el trabajo para la casa al levantamiento de las cargas familiares, es suficiente para obtener una compensación económica una vez se extinga el matrimonio y, como venimos repitiendo, el régimen matrimonial haya sido el de separación de bienes. El que el otro cónyuge haya conseguido o no un incremento patrimonial durante el matrimonio no afecta al derecho a la compensación del cónyuge dedicado al trabajo de la casa.

No afecta que el cónyuge se haya ayudado de personal para el trabajo de la casa, lo importante que haya asumido todo lo relacionado con la casa y la organización y orden domestico de forma exclusiva durante y constante el matrimonio. En este sentido la AP de Córdoba en Sentencia de 6 de febrero de 2004 establecía “…no todo lo que precisa una casa lo realiza el servicio doméstico que pueda tener, ni el persona que realiza este cometido esta normalmente, el día entero ni todos los días…”

  ¿QUÉ DERECHOS ASISTEN AL CÓNYUGE DEDICADO AL TRABAJO DOMESTICO EN UN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES CUANDO SE EXTINGUE EL MATRIMONIO POR SENTENCIA DE SEPARACIÓN O DIVORCIO?

El derecho a la pensión compensatoria, es un derecho dispositivo, es decir que es el cónyuge beneficiario quien lo tiene que solicitar, puede también no ejercerlo.  No es un derecho automático por el hecho de la separación o divorcio.

La pensión compensatoria es compatible con la pensión por desequilibrio económico prevista en el art. 97 del C.Cv, que puede solicitar el cónyuge al que la separación o divorcio haya producido un desequilibrio en relación al estatus o nivel de vida que mantenía durante su matrimonio en cualquier régimen, tanto el de gananciales como el de separación de bienes.

Ambas pensiones son totalmente compatibles.

  ¿CÓMO SE CUANTIFICA LA PENSIÓN COMPENSATORIA?

A falta de acuerdo, tendrá que decidir el Juez, por lo que aconsejo llegar a un acuerdo sobre el tema.

Las últimas sentencias han aplicado el criterio del sueldo del servicio doméstico y han establecido una pensión mensual de 600 euros durante todo el tiempo que duro el matrimonio. Eso no empece a que en otras la cantidad sea superior pues son varios los factores a tener en cuenta, por ejemplo, si el cónyuge que se ha dedicado a las tareas de la casa tuvo que renunciar al ejercicio de su profesión para dedicarse al trabajo de la casa por favorecer al esposo en su profesión, en casos de traslado de destino etc. etc.

 ¿SE PUEDE PREVER ESTA SITUACIÓN EN LOS PACTOS PREMATRIMONIALES?

Los pactos prematrimoniales renunciando a la pensión compensatoria son posibles, dado el carácter de derecho dispositivo de la norma que lo regula, siempre que los pactos prematrimoniales, como ya dijimos en su día, se realicen con las garantías legales de la constitución en escritura pública y mutuo consenso así como la renovación y /o confirmación de los mismos a lo largo del tiempo.

Para cualquier duda o aclaración estamos a su disposición en Galán Abogados.

Soledad Galán Jordano

-Abogada-

 

LOS PACTOS PREMATRIMONIALES, CONCEPTO Y ALCANCE.

CON CARÁCTER PREVIO AL MATRIMONIO ¿SE PUEDEN ESTABLECER ACUERDOS PARA EL CASO DE UNA POSIBLE FUTURA RUPTURA MATRIMONIAL?

Durante los últimos cuarenta años el derecho de familia español, se ha venido caracterizando por el reconocimiento, cada vez mayor, de la autonomía de la voluntad. Esta evolución ha venido marcada, en principio por la Ley 14/1975 de 2 de mayo, que elimino las limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada, pasando por la Ley 11/1981 de 13 de mayo, que estableció la libertad de los cónyuges para poder celebrar entre si cualquier clase de negocio jurídico, y la Ley 30/1981 de 7 de julio, que a través del reconocimiento de la separación y divorcio matrimoniales introdujo el convenio regulador, que permitía a los cónyuges en proceso de ruptura matrimonial consensuar, de mutuo acuerdo, los efectos de esa ruptura, y finalmente la Ley 15/2005 de 8 de julio, que ha reconocido a los cónyuges el derecho a la ruptura matrimonial no causal, es decir, sin más causa que el transcurso del tiempo de tres meses de casados para solicitar el divorcio, lo que supone una ampliación de la autonomía de la voluntad, para separarse o divorciarse, determinando los efectos de la ruptura matrimonial.

Seguro que todos sabemos que en nuestro derecho común, está permitida, por así contemplarlo nuestra legislación las denominadas Capitulaciones Matrimoniales, que tienen lugar con carácter previo a la celebración del matrimonio, como reminiscencia de la antigua prohibición de poder contratar los esposos entre sí. La celebración de capitulaciones matrimoniales, trae como consecuencia lógica que sea la separación de bienes el régimen económico por el que se regirá el futuro matrimonio, siendo esta la norma en autonomías como Cataluña, con derecho Foral, que a través del Código Civil de Cataluña regula el derecho de familia.

LOS PACTOS PREMATRIMONIALES CONCEPTO Y ALCANCE

En nuestro derecho común, la norma es al revés, las capitulaciones matrimoniales son la excepción siendo la norma general la ausencia de capitulaciones lo que automáticamente nos lleva al régimen económico matrimonial de gananciales, que se caracteriza por la presunción de ganancialidad de todo lo que se adquiera durante y constante el matrimonio, lo adquiera uno u otro cónyuge, o ambos con su trabajo.

¿Qué ocurre cuando en el matrimonio se instala el régimen de gananciales? Pues que en caso de ruptura se da un proceso largo, complicado, costoso y sin sentido por la cerrazón a veces de ambos cónyuges, otras de uno de ellos, auspiciado por el malestar personal que, evidentemente, se crea cuando se está instalado en un proceso de ruptura conyugal.

Pero si el llegar a un acuerdo, en el plano económico de reparto de bienes, es complicado, más penoso y sobre todo doloroso es determinar las futuras relaciones paterno filiales, la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores, como se ejerce la patria potestad, si se considera la posibilidad de una custodia compartida, el régimen de visitas, en su caso, la pensión de alimentos a los hijos, la prestación por desequilibrio económico al otro cónyuge, la atribución del uso de la vivienda familiar, que hacer en caso de hijos incapacitados, medidas todas ellas a adoptar necesariamente al momento de la ruptura conyugal.

LOS PACTOS PREMATRIMONIALES CONCEPTO
Todos hemos pensado alguna vez, que si todas estas cuestiones se hubieran resuelto con carácter previo al matrimonio, en el momento de la ruptura, momento delicado donde los haya, solo habría que aplicar lo acordado sin más presiones que las ya ocasionadas por el hecho de la ruptura en sí.

¿Admite nuestro derecho positivo los pactos o convenios en previsión de ruptura?
Aunque nuestro Código Civil no contempla expresamente la posibilidad de estos convenios preventivos, no es menos cierto que estos encuentran su fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, (art. 1255 CC), la plena capacidad de los cónyuges para contratar entre sí (art. 1323 CC), y, la de adoptar cualquier estipulación por razón de su matrimonio (art.1325 CC), la aplicación a lo acordado de las normas generales de la contratación (art. 1255 CC) que admite su validez siempre que lo acordado no sea contrarios a la ley, la moral o el orden público y la posibilidad de invalidar los acuerdos adoptados por vicios de consentimiento o falta de capacidad (art. 1279 CC).

La existencia de la normativa señalada, así como gran cantidad de sentencias de interpretación de estos convenios preventivos, nos llevan a concluir que estos pactos o convenios son posibles y deseables, y que su eficacia, siempre que los mismos cumplan lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico está garantizada.

En Galán Abogados le asesoramos acerca de los pactos en previsión de ruptura, si fuere asunto de su interés.

Soledad Galán Jordano
-Abogada-

Custodia Compartida: Evolución y Aplicación

A PROPÓSITO DE LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA

          Desde la Ley 30/1981, que introdujo en nuestra legislación el divorcio y la posibilidad de atribuir a uno de los progenitores la guarda y custodia y la patria potestad conjunta, hasta el momento actual, mucho ha ocurrido en nuestro derecho de familia.

          La Ley 30/1981, atribuía de modo casi exclusivo la guarda y custodia de los hijos menores a la madre, salvo que se acreditase que no era una “buena madre”, fijando para el padre un régimen de visitas restrictivo, y atribuyendo a los hijos y a la madre el domicilio familiar hasta que estos tuvieran independencia económica, imponiéndole al progenitor no custodio la obligación de alimentos cuantificada según sus ingresos y posición social.

           El objetivo de esta ley, principalmente, fue regular la situación de matrimonios en crisis que no podían acceder al divorcio porque no existía normativa al respecto.

         Me atrevo a decir, desde mi experiencia, que esta ley no tenía en cuenta el interés de los menores, que pasaban, de poder estar con sus progenitores todos los días, a ver a su progenitor no custodio dos días cada quince, la consabida coletilla de “fines de semana alternos” y algunos días de vacaciones, entregando las riendas de la educación de los hijos menores a la madre, sin la intervención paterna.

          La Ley 15/2005 de 8 de julio, supuso un avance en la denominada custodia compartida, pero contaba con obstáculos a veces insalvables, como el consentimiento de ambos progenitores y el informe favorable del Ministerio Fiscal, digamos que suponía una apertura favorable al interés del menor, pero se quedaba corta,  se debería avanzar más.

             Es, por un lado el clamor popular de esos padres, que quieren ser coparticipes de la educación de sus hijos, de esas madres que trabajan y que finalmente tienen el mismo tiempo y, a veces menos, que el otro progenitor para dedicarlo a la formación de sus hijos, y de otro,  la jurisprudencia, que va adaptando esa Ley 15/2005 a las circunstancias de vida actuales, y sobre todo al entendimiento de que, por encima de disputas personales y de pareja, muy por encima de medios económicos,  lo único que de verdad debe importar en el momento del divorcio, es el interés del menor, que es la parte indefensa e inocente de la ruptura conyugal.

CUSTODIA COMPARTIDA EVOLUCION

          A partir de ese entendimiento jurisprudencial, en sentencias, entre otras muchas, la de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 29/04/2013, Resolución 257/2013, siendo ponente  Seijas Quintana, que establece que: “la guarda y custodia compartida no es una medida excepcional, sino que habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible”…, o cómo precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : “se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel…,puede entenderse que el gobierno haya presentado y aprobado un anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de separación nulidad o divorcio.

          Ya el tratamiento del lenguaje adivina un cambio a favor de los menores exigiendo una colaboración de ambos padres para llegar a esa corresponsabilidad en la educación de los hijos, a la que todo menor tiene derecho, esté vigente o no el matrimonio de sus padres. Qué duda cabe que los órganos judiciales están hoy más abiertos a la custodia compartida que cuando se promulgo la ley 15/2005, pero aún hay que batallar más en ese sentido, nadie negara, mirando retrospectivamente a su niñez y adolescencia, la importancia de su padre y su madre en la educación que recibió, seguramente no pueda decir quién de los dos aportó más, pero los sintió igualmente necesarios.

       En nuestro despacho, desde siempre, hemos batallado por la custodia compartida y hemos cosechado para nuestros clientes resoluciones favorables en ese sentido. Apoyamos y apoyaremos el derecho del menor a estar de forma igualitaria con sus dos progenitores, orientamos a los progenitores a despojarse de ese derecho a la educación, que a veces sienten de forma exclusiva y a entender que la educación y formación de los hijos es corresponsabilidad de ambos progenitores, ejercida de forma conjunta en beneficio exclusivamente de esos menores que sienten derrumbarse su mundo cuando sus padres deciden terminar la relación conyugal.

Soledad Galán.

-Abogada-