¿LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE LOS HIJOS TIENE FECHA DE EXTINCIÓN?

¿LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE LOS HIJOS TIENE FECHA DE EXTINCIÓN?

 

Suele ser muy frecuente que, entre los temas de familia, se nos pregunte por la pensión de alimentos a favor de los hijos, especialmente cuando ya los hijos tienen una edad que ha sobrepasado la mayoría de edad legal.

 

¿Qué es la pensión de alimentos?

Según nuestra legislación vigente y, en concreto el artículo 154 del Código Civil, los alimentos a los hijos no emancipados, trae su causa en el ejercicio de la patria potestad, que es ese conjunto de derechos/obligaciones que tienen los padres para con sus hijos, entre los que se encuentra, la obligación de, velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Compete a ambos progenitores por igual.

Esto no cambia cuando sobreviene una crisis matrimonial, el padre y la madre, aunque surja una situación de ruptura de la convivencia conyugal, siguen teniendo la obligación, entre otras, de alimentar a los hijos.

 

¿Qué son los alimentos?

La palabra “alimentos” en derecho de familia y referido a los hijos menores de edad, es un concepto amplio que abarca lo que vulgarmente conocemos cómo alimentos y el vestido, la educación, la asistencia médica y sanitaria, y en definitiva la formación integral de un menor de edad. Insisto en lo de menor de edad, porque para ellos este deber proviene directamente del ejercicio de la patria potestad de sus progenitores.

Para los hijos mayores de edad, no emancipados, la obligación de los padres para con ellos reviste un tratamiento diferenciado del anterior, la obligación de alimentarlos no proviene del ejercicio de la patria potestad sino del deber de alimentos entre parientes regulado en el artículo 110 del Código Civil.

 

¿Qué ocurre cuando surge una crisis conyugal que termina en divorcio?

Hay dos situaciones perfectamente diferenciadas;

1º Cuando el menor queda bajo la guarda y custodia de un progenitor.

En este caso concreto, el progenitor no custodio, está obligado a abonar al progenitor custodio una pensión alimenticia a favor del menor, que administra el progenitor que convive con el menor.

2º En caso de custodia compartida.

Ambos progenitores están obligados a prestar alimentos por igual  y hay que establecer una pensión a favor del menor a abonar por el progenitor que, en el periodo de tiempo establecido para el ejercicio de la custodia compartida, no conviva con el menor.

Aclaro el tema diciendo que, si se establece que el menor conviva por meses con cada progenitor, quiere decir que en ese mes el progenitor que no tiene a su hijo consigo abonará la pensión de alimentos al progenitor que durante ese periodo de tiempo conviva con el menor.

En la práctica el establecimiento de la pensión en los regímenes de custodia compartida, tiene carácter simbólico, porque se suele evitar el trasiego de dinero entre ambos progenitores.

 

¿Qué ocurre cuando el menor alcanza la mayoría de edad? ¿Hay que seguir pagando la pensión de alimentos?

La mayoría de edad, por si sola, no extingue el derecho de los hijos a recibir alimentos de sus progenitores. Estamos ante lo que conocemos cómo “mayor dependiente”.  A la mayoría de edad, hay que añadir, que el mayor dependiente haya tenido acceso al mercado laboral, sobre lo que volveré más adelante.

Por mayor dependiente, debemos entender aquella persona que, habiendo alcanzado la mayoría de edad legal, aún está en periodo de formación, no ha terminado sus estudios y no puede acceder al mercado laboral. Los padres tienen la obligación de ayudar a terminar su formación que es la base de su acceso al mercado de trabajo.

Ocurre, en no pocos casos, que algunos hijos en ese periodo de formación, prolongan sus estudios de forma abusiva, por ejemplo matriculándose en una carrera después de otra, con lo que su formación parece que no acabara nunca.

Otros se matriculan una y otra vez en cursos que nunca terminan, se dan de alta cada año en una carrera universitaria o de formación profesional a cuyas clases nunca aparecen y no se puede comprobar su rendimiento, carreras o formación profesional   que nunca terminan por su falta total de aprovechamiento.

Otro factor a tener en cuenta es la precariedad en el empleo. Algunos jóvenes por la situación económica del país, no consiguen un contrato por tiempo indefinido que pueda dar estabilidad a sus vidas y trabajan más o menos, con contratos temporales, pero siguen percibiendo la pensión alimenticia del progenitor no custodio, ocultando a veces a éste que realmente ya pueden mantenerse por sí mismos, en una situación abusiva que mantienen mientras el progenitor no custodio, averigua o no esa situación y tiene que acudir a los tribunales, cuando lo lógico sería liberarle de esa pensión que ya no deben abonar, con una conversación entre alimentante y alimentista.

 

¿Qué hacer si mi hijo se encuentra en alguna de esas situaciones? ¿Debo seguir pagando la pensión de alimentos?

Si el mayor dependiente está en fase de formación y los rendimientos académicos son los normales, por supuesto que hay que prestarle alimentos hasta su total formación.

Si el mayor dependiente prolonga indefinidamente su formación, con cursos o cualquier otra forma de estudios que, a determinada edad, hace que ya no sea razonable prolongar por más tiempo su formación académica, el progenitor no estará obligado a prestar alimentos.

Si el hijo alcanza una edad en la que ni estudia ni trabaja por su escaso rendimiento académico, el progenitor que le abona la pensión puede pedir su extinción, sobre la base de que un adulto debe procurar sus propios medios de subsistencia, evitando de esta forma el parasitismo social.

Finalmente, tenemos que considerar la situación económica laboral del país y la precariedad en el empleo. Son factores que afectan a la población en general y a los jóvenes en particular. Los contratos por obra, atacan de  forma indecente la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo y un salario digno ofrecen a los jóvenes la posibilidad de emanciparse, la oportunidad de adquirir una vivienda propia o simplemente la de pagar una renta. En definitiva, tener una vida propia y cortar así el cordón umbilical que le une a sus padres.

Teniendo en cuenta estos  factores, la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, que es la más abundante en estos casos, sin menospreciar las del Tribunal Supremo, determina que el acceso al mercado laboral, aunque sea con una retribución reducida o con contratos de trabajos temporales, es causa suficiente para dejar sin efecto la prestación de alimentos fijada en proceso matrimonial.

Para cualquier aclaración, estamos a su disposición.

SOLEDAD GALAN JORDANO

-.ABOGADA.-

 

PENSIÓN COMPENSATORIA A EX PAREJAS

PENSIÓN COMPENSATORIA A EX PAREJAS

Mediante Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo número 453/2018, de 18 de julio, se resuelve un recurso de casación en que se aborda por vez primera el momento en que se produce la extinción de la compensación compensatoria por convivencia marital del ex cónyuge con un tercero.

“La razón de ser de la pensión compensatoria está en relación con la comunidad de disfrute entre dos personas -unidas por matrimonio- de una determinada posición económica, lo que da lugar a que -extinguido el vínculo- deba ser compensado aquel de los cónyuges que sufre un desequilibrio perjudicial respecto de la situación en que se encontraba vigente el matrimonio; compensación que se extinguirá cuando esa comunidad de disfrute se instaura de nuevo con otra persona.”

Así, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia en el sentido que, para los casos en que el ex cónyuge que recibe la compensación vuelve a casarse, la extinción de la misma debe producirse desde que se produce la nueva unión.

Se confirma, por ello, la sentencia dictada en 2016 por la Audiencia Provincial de Salamanca que declaró extinguida, desde la fecha de interposición de la demanda, la pensión compensatoria que había sido fijada en el año 1994. Sin embargo, la decisión inicial del Juzgado de Primera Instancia fue acordar la extinción de la obligación sólo desde la fecha de la sentencia.

La Sala hace distinción entre la simple modificación y la extinción de la medida por haber perdido su razón de ser.

“Tal extinción se produce por las causas establecidas en el artículo 101 CC -mientras que a la modificación de la pensión compensatoria se refiere el artículo 100- y son: el cese de la causa que determinó su establecimiento, el hecho de contraer el acreedor nuevo matrimonio o el de – aunque no exista matrimonio- vivir maritalmente con otra persona, lo que se equipara a la situación anterior.”

“La causa de extinción consistente en contraer nuevo matrimonio habrá de producir su efecto desde que este hecho se produce, con independencia de la fecha en que -conocida dicha situación- se interpone la demanda y se dicta sentencia decidiendo sobre la extinción.”

El Tribunal Supremo añade que en el caso estudiado “la situación de convivencia que ha dado lugar a la extinción existía desde el año 2004, más de 10 años antes de la interposición de la demanda, por lo que carece de sentido prolongar más allá del ejercicio del derecho por el demandante la existencia de la obligación de pago de la pensión, cuya extinción podía haberse producido en la práctica mucho tiempo atrás”.

En cambio, el Supremo no entra a estudiar expresamente si lo correcto era declarar extinguida la obligación desde años antes de la presentación de la demanda, puesto que el demandante no lo solicitaba en su demanda inicial.

Para cualquier duda o aclaración estamos a su disposición en Galán Abogados.

 

FORMAS LEGALES MATRIMONIALES DEL SISTEMA ESPAÑOL

FORMAS MATRIMONIALES DEL SISTEMA ESPAÑOL

La mayor parte de las personas, creen que en España solo se puede contraer matrimonio de dos formas, el matrimonio civil o laico y el religioso por el rito de la Iglesia Católica. Nada más lejos de la realidad. Es nuestra intención en este artículo,  dar a conocer las distintas formas de contraer matrimonio en el sistema jurídico español, junto a los requisitos exigidos para su celebración.

 MATRIMONIO CIVIL

Antes de la celebración del matrimonio:

Previa a la celebración del matrimonio, quienes deseen contraerlo, (hombre y mujer, hombre y hombre y mujer y mujer) deberán iniciar expediente al efecto ante el Registro Civil (RC), acreditando que cumplen los requisitos exigidos por nuestra legislación. En dicho expediente deberá constar;

– Las menciones de identidad, incluso la profesión de los contrayentes.

– En su caso, el nombre y apellidos del cónyuge o cónyuges anteriores y fecha de disolución del matrimonio.

– La declaración de que no existe impedimento para el matrimonio (1).

– El Juez o funcionario elegido, en su caso, para la celebración.

– Pueblos en que hubiesen residido o estado domiciliados en los dos últimos años.

El escrito de solicitud deberá estar firmado por un testigo  del contrayente que no pueda hacerlo. La solicitud debe de ir acompañada de la certificación de nacimiento y testimonio de la sentencia que declare, en su caso, la disolución del anterior o anteriores matrimonios, la emancipación, en su caso o la dispensa (2). Una vez cumplidos los requisitos anteriores se ratificarán ambos contrayentes ante el encargado del Registro Civil, y si está correcto se publicaran edictos por espacio de quince días exclusivamente en las poblaciones en cuya demarcación hubiesen residido o estado domiciliados, los contrayentes los dos últimos años, y la población tenga al menos 25.000 habitantes de derecho según el último censo oficial, o bien que correspondan a la circunscripción de un Consulado español con menos de 25.000 personas en el Registro de Matrícula.

Los edictos anunciaran el casamiento con todas las indicaciones  contenidas en el artículo 240 Reglamento Registro Civil y con el requerimiento a los que tuviesen noticia de algún impedimento para que lo denuncien. Una vez publicados los edictos y transcurrido el plazo previsto, el encargado devolverán al Instructor los edictos con la certificación  de haberse cumplido todos los requisitos legales y de haberse denunciado o no algún impedimento.

(1) Impedimentos para el matrimonio

No pueden contraer matrimonio: Los menores de edad no emancipados, los que estén ligados por vínculo matrimonial,  los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos, con la salvedad de que el Ministro de justicia, puede dispensar del último de los supuestos y que el Juez de Primera Instancia, con justa causa puede dispensar de la consanguinidad hasta el tercer grado a instancia de parte y de edad a partir de los catorce años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus padres o guardadores.

(2) La dispensa ulterior convalida desde su celebración  el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes.

Celebración del matrimonio

Una vez cumplidos los requisitos reseñados, corresponde al Juez encargado del Registro Civil o al Alcalde o concejal en quien este delegue la celebración del matrimonio. En los lugares donde no resida dicho juez, lo celebra el delegado designado reglamentariamente, y en su caso, en el extranjero el funcionario diplomático o consular encargado del R.C en el extranjero. Es necesaria la presencia de dos testigos comunes que han de ser mayores de edad.

El acto solemne del matrimonio consiste en la lectura por parte del oficiante de los artículos 66, 67y 68 del Código Civil y después preguntar a cada uno de los contrayentes si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente consienten, declarara que los mismos quedan unidos en matrimonio y extenderá la certificación correspondiente al acto donde firmaran los contrayentes y testigos además del autorizante, acto seguido el funcionario encargado del RC inscribirá en el libro de matrimonios el correspondiente acta y entregara a los contrayentes el Libro de Familia. El matrimonio surte efectos civiles desde su celebración, por lo que la inscripción es un acto de naturaleza declarativa, no constitutiva.

 MATRIMONIO RELIGIOSO.

Junto al matrimonio civil coexisten cuatro formas de matrimonio religioso, reconocidos por el Estado español, a saber:

Matrimonio Canónico, articulo VI del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 4 de diciembre de 1979.

Matrimonio Islámico, artículo VII de la Ley 26/1992 de 10 de noviembre, de Acuerdo de cooperación  del Estado Español y Comunidad Islámica.

Matrimonio Evangélico, articulo VII de la Ley 24/1992 de 10 de noviembre, de acuerdo de cooperación del Estado Español con la Federación de Entidades Evangélicas de España.

Matrimonio Israelí, articulo VII de la Ley 25/1992 de 10 de noviembre, de acuerdo de cooperación del Estado Español con la Federación de Comunidades Israelitas de España.

Después de la CE, se promulgo la LO de Libertad Religiosa, que estableció la posibilidad de que el Estado cooperase con las confesiones religiosas mediante la adopción de Acuerdos o Convenios de Cooperación, cuando aquellas debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas hubieran alcanzado un arraigo notorio en la sociedad española. El sistema es básicamente el mismo, el Estado Español, reconoce eficacia al matrimonio celebrado según el rito religioso pertinente. El estado civil de persona casada se consigue desde el momento de la celebración del matrimonio contraído según el rito religioso de dichas religiones, los contrayentes deberán promover el expediente matrimonial ante el encargado del RC correspondiente y acreditar que los contrayentes reúnen los requisitos  de capacidad exigidos a todos los ciudadanos para la celebración del matrimonio  y la inscripción del mismo en el RC para el reconocimiento de sus efectos civiles.

 MATRIMONIO SECRETO

Los artículos 54 y 64 del CC regulan esta forma de matrimonio además de los preceptos de la Ley y Reglamento del Registro  civil relativos a su inscripción. Contiene tres requisitos;

-La concurrencia de causa grave.

– La autorización por el Ministro de Justicia.

– La inscripción en el libro especial del Registro Civil Central, pero esta inscripción no perjudicara los derechos adquiridos por terceras personas hasta que no se publique en el Registro Civil  ordinario.

Esta forma de celebración tiene su origen en el derecho canónico, en este ámbito se denominó en principio “matrimonio de conciencia” (Código derecho canónico (CIC) 1917) y posteriormente  el CIC 1983 utilizaba la expresión “celebración del matrimonio secreto” .Requiere la tramitación de expediente previo, pero se suprimen, obviamente los edictos como forma de publicidad. Es competencia del Ministerio de Justicia la apreciación de la gravedad del caso para autorizar esta modalidad de matrimonio. Es la modalidad especial que más controversias provoco en sede parlamentaria, pues se discutió acerca de la inconstitucionalidad del mismo por infringir, presuntamente, el artículo. 14 de la CE y entender que la publicidad del matrimonio es propio de la naturaleza jurídica de este acto constitutivo de un nuevo estado que debe ser oponible erga omnes.

MATRIMONIO EN PELIGRO DE MUERTE

 El artículo. 52 del CC regula el matrimonio celebrado en peligro de muerte  y establece tanto la competencia para su autorización cómo  los presupuestos que debe cumplir. Esta forma de matrimonio se caracteriza por la urgencia, en realidad es una modalidad de matrimonio civil. Pueden autorizarlo el Juez encargado del Registro Civil, el delegado o el Alcalde aunque los contrayentes no residan en la localidad donde se celebre. Respecto a los militares en campaña, el Oficial o Jefe Superior inmediato. Cuando se celebre en aeronave o a bordo de nave el Capitán o Comandante de la misma.

No requiere expediente previo, dada la situación, aunque si la presencia de dos testigos mayores de edad, salvo imposibilidad acreditada, la situación de urgencia flexibiliza la norma. El artículo 253 del RRC desarrolla aspectos de esta modalidad de matrimonio en relaciona a la inscripción del mismo. así, establece que : ” la autoridad o funcionario competente para autorizar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte, extenderá el cata oportuna que deberá contener las circunstancias necesarias para practicar la inscripción. El Delegado del Registro Civil, designado conforme a lo previsto en el artículo71 de este Reglamento, tiene competencia para autorizar este matrimonio y levantar acta. El Juez de Paz esta dispensado de pedir instrucciones al encargado cuando lo impida la urgencia del caso, pero le dará cuenta inmediata del matrimonio autorizado”.

 Aunque la urgencia del caso exima de la formación del expediente previo, hay que señalar que habrá de garantizarse por quién celebre el matrimonio y los testigos, la capacidad suficiente del contrayente en peligro de muerte  para prestar válidamente el consentimiento matrimonial , fundamentalmente la capacidad mental del mismo, valiéndose para ello, si así lo considera necesario, de un dictamen médico, si llegara a la conclusión de que el contrayente  no esta en condiciones de emitir un consentimiento libre y consciente, debe abstenerse de autorizar el matrimonio.

La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo del Juez, Alcalde o funcionario autorizante, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente. La ley soluciona la posible falta de legitimidad a favor del acto del matrimonio, con lo que confiere seguridad a los contrayentes y estabilidad social. No obstante  la legitimación del acto no es incondicional pues requiere, por un lado, la buena fe  de uno de los contrayentes y, por otro, el ejercicio público de la función.

MATRIMONIO POR PODER

Esta modalidad de matrimonio, regulada en el art. 55 del CC,  es de viejo arraigo y se ha utilizado fundamentalmente en épocas de guerra y de migración. Supone que uno de los contrayentes (poderdante) no podrá asistir a la celebración de su matrimonio y que será otra persona (apoderado) quien preste por el consentimiento matrimonial. El apoderado en el acto de la celebración del matrimonio emite una voluntad ajena y los efectos del matrimonio recaen directamente en el poderdante.

De ahí la importancia del poder, que debe ser especial para el acto concreto, otorgado en escritura pública notarial y en forma autentica, deberá contener todas las circunstancias personales del poderdante, del apoderado y la determinación de la persona con quien  celebrara el matrimonio el poderdante, es decir del cónyuge que lo celebra ante el Juez , Alcalde o funcionario de su domicilio incluyéndose en el acta todos sus datos personales y la constancia de la prestación del consentimiento para el acto futuro. Se requiere el expediente previo ante el RC, y la presencia personal en el acto del otro contrayente y su inscripción en el RC. El poder se extingue por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. La revocación debe hacerse en escritura pública notarial y se pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez Alcalde o funcionario competente.

MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO CONFORME A LA “LEX LOCI

El artículo 49-2º párrafo segundo establece la posibilidad de que los españoles puedan  contraer matrimonio fuera de España, según la ley del lugar de celebración. Para su validez en España es necesario el preceptivo expediente ante el encargado del RC, y su inscripción en el mismo. Es admisible su inscripción mediante la certificación  expedida por autoridad o funcionario del país de celebración, siempre que haya constancia de la realidad de la celebración y de su legalidad conforme a la ley española.

Para cualquier aclaración estamos, como siempre a su disposición.

 

SOLEDAD GALÁN JORDANO

-ABOGADA-

PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES

PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES

 

Si bien es cierto que en algunas Comunidades Autónomas, cuando se contrae matrimonio el régimen económico del mismo, salvo pacto en contrario, es el de separación de bienes, en  la mayor parte del territorio español,  ante el hecho del matrimonio, se aplica el régimen de gananciales, salvo pacto en contrario. No obstante  el Código Civil tiene mecanismos propios de libertad de pactos para que los cónyuges puedan optar en cualquier momento de su matrimonio por el régimen de separación de bienes, que es al que nos referimos hoy.

Así pues, los artículos 1435 a 1444 del Código Civil, regulan el Régimen de Separación de Bienes, que es aquel en el que cada cónyuge es dueño de su propio patrimonio y de la gestión del mismo, independientemente del otro cónyuge, sin que se produzca ningún tipo de confusión o comunidad de bienes por el hecho del matrimonio.

Así, el art. 1437  del C.Cv, establece que “En el régimen de separación de bienes pertenecen a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo corresponderá a cada uno (cónyuge) la administración, goce y libre disposición de tales bienes”.

Nos encontramos ante una disponibilidad absoluta de cada cónyuge de sus bienes propios, es decir los adquiridos antes de optar por  el régimen de separación de bienes, además de los que vayan adquiriendo cada cual durante y constante el matrimonio, con separación absoluta de titularidades y administración de bienes propios.

           ¿ES TAN ABSOLUTA ESA DISPONIBILIDAD?

Hay una disponibilidad relativa  porque el art. 1318 C.Cv establece que “Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio”

Y el art. 1438 establece que “Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalara a falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación”.

¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR CARGAS DEL MATRIMONIO O FAMILIARES?

Son  cargas del matrimonio los gastos de subsistencia, en el más amplio sentido, (colegios, seguros médicos, profesores de apoyo, médicos y medicinas no cubiertos por la Seguridad Social, alimentos, vestido, vivienda, ocio etc.)  entendida la familia como familia nuclear, es decir la compuesta de padres e hijos. Cada cónyuge, con independencia de los bienes que tengan, tiene  la obligación de contribuir al sostenimiento de su familia, en proporción a sus respectivos recursos económicos. El que tiene más deberá aportar más que el que tenga menos, siempre teniendo en cuenta los recursos que cada cual genera con su trabajo y sus bienes propios. Otra forma de contribuir, es el trabajo para la casa llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, generalmente la mujer.

       ¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR TRABAJO PARA LA CASA?

 La reforma del C.Cv.,  llevada a cabo por la Ley 11/1981, en su art. 1438, recoge que el trabajo doméstico es una contribución a las cargas familiares y la reforma de la Ley 13/2005, incorporo al art. 68 del mismo texto legal, el deber de compartir las responsabilidades domésticas, cuyo incumplimiento será resarcible en caso de extinción del régimen de separación de bienes por separación o divorcio.

El trabajo para la casa es el que comúnmente conocemos como la limpieza del hogar, la atención a los hijos, el cuidado de la ropa, educación, comida, aseo, dirección económica y administrativa del hogar, cuidados y atención de mayores o incapacitados que convivan en la casa con la familia a cargo de los cónyuges, llevar a los niños al colegio, al médico, a las actividades extra-escolares, organizar el ocio familiar, hacer la compra, conducir vehículos para el traslado de niños, familiares y otros similares.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2011, sentó el derecho a obtener una compensación económica por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en  el régimen de separación de bienes. Así pues, el trabajo para la casa no solo es una forma de contribución sino que es también un título para conseguir una compensación económica en el momento en que se extinga el matrimonio en régimen de separación de bienes.

El fundamento de este derecho se encuentra en la desigualdad que se produce cuando un cónyuge se dedica exclusivamente a hacer un trabajo en el que tienen que contribuir ambos cónyuges, y el que asume todo el trabajo para la casa no se beneficia de las ganancias que obtiene para su patrimonio personal el cónyuge que no contribuye a los trabajos para la casa, permitiendo a este quedar liberado de dichos trabajos en su propio beneficio.

¿QUÉ EXIGE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL PARA EL DERECHO A LA COMPENSACIÓN UNA VEZ EXTINGUIDO EL MATRIMONIO EN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES?

 En primer lugar la dedicación exclusiva a la familia. Si el cónyuge ha contribuido con el trabajo para la casa al levantamiento de las cargas familiares, es suficiente para obtener una compensación económica una vez se extinga el matrimonio y, como venimos repitiendo, el régimen matrimonial haya sido el de separación de bienes. El que el otro cónyuge haya conseguido o no un incremento patrimonial durante el matrimonio no afecta al derecho a la compensación del cónyuge dedicado al trabajo de la casa.

No afecta que el cónyuge se haya ayudado de personal para el trabajo de la casa, lo importante que haya asumido todo lo relacionado con la casa y la organización y orden domestico de forma exclusiva durante y constante el matrimonio. En este sentido la AP de Córdoba en Sentencia de 6 de febrero de 2004 establecía “…no todo lo que precisa una casa lo realiza el servicio doméstico que pueda tener, ni el persona que realiza este cometido esta normalmente, el día entero ni todos los días…”

  ¿QUÉ DERECHOS ASISTEN AL CÓNYUGE DEDICADO AL TRABAJO DOMESTICO EN UN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES CUANDO SE EXTINGUE EL MATRIMONIO POR SENTENCIA DE SEPARACIÓN O DIVORCIO?

El derecho a la pensión compensatoria, es un derecho dispositivo, es decir que es el cónyuge beneficiario quien lo tiene que solicitar, puede también no ejercerlo.  No es un derecho automático por el hecho de la separación o divorcio.

La pensión compensatoria es compatible con la pensión por desequilibrio económico prevista en el art. 97 del C.Cv, que puede solicitar el cónyuge al que la separación o divorcio haya producido un desequilibrio en relación al estatus o nivel de vida que mantenía durante su matrimonio en cualquier régimen, tanto el de gananciales como el de separación de bienes.

Ambas pensiones son totalmente compatibles.

  ¿CÓMO SE CUANTIFICA LA PENSIÓN COMPENSATORIA?

A falta de acuerdo, tendrá que decidir el Juez, por lo que aconsejo llegar a un acuerdo sobre el tema.

Las últimas sentencias han aplicado el criterio del sueldo del servicio doméstico y han establecido una pensión mensual de 600 euros durante todo el tiempo que duro el matrimonio. Eso no empece a que en otras la cantidad sea superior pues son varios los factores a tener en cuenta, por ejemplo, si el cónyuge que se ha dedicado a las tareas de la casa tuvo que renunciar al ejercicio de su profesión para dedicarse al trabajo de la casa por favorecer al esposo en su profesión, en casos de traslado de destino etc. etc.

 ¿SE PUEDE PREVER ESTA SITUACIÓN EN LOS PACTOS PREMATRIMONIALES?

Los pactos prematrimoniales renunciando a la pensión compensatoria son posibles, dado el carácter de derecho dispositivo de la norma que lo regula, siempre que los pactos prematrimoniales, como ya dijimos en su día, se realicen con las garantías legales de la constitución en escritura pública y mutuo consenso así como la renovación y /o confirmación de los mismos a lo largo del tiempo.

Para cualquier duda o aclaración estamos a su disposición en Galán Abogados.

Soledad Galán Jordano

-Abogada-

 

LOS PACTOS PREMATRIMONIALES, CONCEPTO Y ALCANCE.

CON CARÁCTER PREVIO AL MATRIMONIO ¿SE PUEDEN ESTABLECER ACUERDOS PARA EL CASO DE UNA POSIBLE FUTURA RUPTURA MATRIMONIAL?

Durante los últimos cuarenta años el derecho de familia español, se ha venido caracterizando por el reconocimiento, cada vez mayor, de la autonomía de la voluntad. Esta evolución ha venido marcada, en principio por la Ley 14/1975 de 2 de mayo, que elimino las limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada, pasando por la Ley 11/1981 de 13 de mayo, que estableció la libertad de los cónyuges para poder celebrar entre si cualquier clase de negocio jurídico, y la Ley 30/1981 de 7 de julio, que a través del reconocimiento de la separación y divorcio matrimoniales introdujo el convenio regulador, que permitía a los cónyuges en proceso de ruptura matrimonial consensuar, de mutuo acuerdo, los efectos de esa ruptura, y finalmente la Ley 15/2005 de 8 de julio, que ha reconocido a los cónyuges el derecho a la ruptura matrimonial no causal, es decir, sin más causa que el transcurso del tiempo de tres meses de casados para solicitar el divorcio, lo que supone una ampliación de la autonomía de la voluntad, para separarse o divorciarse, determinando los efectos de la ruptura matrimonial.

Seguro que todos sabemos que en nuestro derecho común, está permitida, por así contemplarlo nuestra legislación las denominadas Capitulaciones Matrimoniales, que tienen lugar con carácter previo a la celebración del matrimonio, como reminiscencia de la antigua prohibición de poder contratar los esposos entre sí. La celebración de capitulaciones matrimoniales, trae como consecuencia lógica que sea la separación de bienes el régimen económico por el que se regirá el futuro matrimonio, siendo esta la norma en autonomías como Cataluña, con derecho Foral, que a través del Código Civil de Cataluña regula el derecho de familia.

LOS PACTOS PREMATRIMONIALES CONCEPTO Y ALCANCE

En nuestro derecho común, la norma es al revés, las capitulaciones matrimoniales son la excepción siendo la norma general la ausencia de capitulaciones lo que automáticamente nos lleva al régimen económico matrimonial de gananciales, que se caracteriza por la presunción de ganancialidad de todo lo que se adquiera durante y constante el matrimonio, lo adquiera uno u otro cónyuge, o ambos con su trabajo.

¿Qué ocurre cuando en el matrimonio se instala el régimen de gananciales? Pues que en caso de ruptura se da un proceso largo, complicado, costoso y sin sentido por la cerrazón a veces de ambos cónyuges, otras de uno de ellos, auspiciado por el malestar personal que, evidentemente, se crea cuando se está instalado en un proceso de ruptura conyugal.

Pero si el llegar a un acuerdo, en el plano económico de reparto de bienes, es complicado, más penoso y sobre todo doloroso es determinar las futuras relaciones paterno filiales, la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores, como se ejerce la patria potestad, si se considera la posibilidad de una custodia compartida, el régimen de visitas, en su caso, la pensión de alimentos a los hijos, la prestación por desequilibrio económico al otro cónyuge, la atribución del uso de la vivienda familiar, que hacer en caso de hijos incapacitados, medidas todas ellas a adoptar necesariamente al momento de la ruptura conyugal.

LOS PACTOS PREMATRIMONIALES CONCEPTO
Todos hemos pensado alguna vez, que si todas estas cuestiones se hubieran resuelto con carácter previo al matrimonio, en el momento de la ruptura, momento delicado donde los haya, solo habría que aplicar lo acordado sin más presiones que las ya ocasionadas por el hecho de la ruptura en sí.

¿Admite nuestro derecho positivo los pactos o convenios en previsión de ruptura?
Aunque nuestro Código Civil no contempla expresamente la posibilidad de estos convenios preventivos, no es menos cierto que estos encuentran su fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, (art. 1255 CC), la plena capacidad de los cónyuges para contratar entre sí (art. 1323 CC), y, la de adoptar cualquier estipulación por razón de su matrimonio (art.1325 CC), la aplicación a lo acordado de las normas generales de la contratación (art. 1255 CC) que admite su validez siempre que lo acordado no sea contrarios a la ley, la moral o el orden público y la posibilidad de invalidar los acuerdos adoptados por vicios de consentimiento o falta de capacidad (art. 1279 CC).

La existencia de la normativa señalada, así como gran cantidad de sentencias de interpretación de estos convenios preventivos, nos llevan a concluir que estos pactos o convenios son posibles y deseables, y que su eficacia, siempre que los mismos cumplan lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico está garantizada.

En Galán Abogados le asesoramos acerca de los pactos en previsión de ruptura, si fuere asunto de su interés.

Soledad Galán Jordano
-Abogada-

Custodia Compartida: Evolución y Aplicación

A PROPÓSITO DE LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA

          Desde la Ley 30/1981, que introdujo en nuestra legislación el divorcio y la posibilidad de atribuir a uno de los progenitores la guarda y custodia y la patria potestad conjunta, hasta el momento actual, mucho ha ocurrido en nuestro derecho de familia.

          La Ley 30/1981, atribuía de modo casi exclusivo la guarda y custodia de los hijos menores a la madre, salvo que se acreditase que no era una “buena madre”, fijando para el padre un régimen de visitas restrictivo, y atribuyendo a los hijos y a la madre el domicilio familiar hasta que estos tuvieran independencia económica, imponiéndole al progenitor no custodio la obligación de alimentos cuantificada según sus ingresos y posición social.

           El objetivo de esta ley, principalmente, fue regular la situación de matrimonios en crisis que no podían acceder al divorcio porque no existía normativa al respecto.

         Me atrevo a decir, desde mi experiencia, que esta ley no tenía en cuenta el interés de los menores, que pasaban, de poder estar con sus progenitores todos los días, a ver a su progenitor no custodio dos días cada quince, la consabida coletilla de “fines de semana alternos” y algunos días de vacaciones, entregando las riendas de la educación de los hijos menores a la madre, sin la intervención paterna.

          La Ley 15/2005 de 8 de julio, supuso un avance en la denominada custodia compartida, pero contaba con obstáculos a veces insalvables, como el consentimiento de ambos progenitores y el informe favorable del Ministerio Fiscal, digamos que suponía una apertura favorable al interés del menor, pero se quedaba corta,  se debería avanzar más.

             Es, por un lado el clamor popular de esos padres, que quieren ser coparticipes de la educación de sus hijos, de esas madres que trabajan y que finalmente tienen el mismo tiempo y, a veces menos, que el otro progenitor para dedicarlo a la formación de sus hijos, y de otro,  la jurisprudencia, que va adaptando esa Ley 15/2005 a las circunstancias de vida actuales, y sobre todo al entendimiento de que, por encima de disputas personales y de pareja, muy por encima de medios económicos,  lo único que de verdad debe importar en el momento del divorcio, es el interés del menor, que es la parte indefensa e inocente de la ruptura conyugal.

CUSTODIA COMPARTIDA EVOLUCION

          A partir de ese entendimiento jurisprudencial, en sentencias, entre otras muchas, la de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 29/04/2013, Resolución 257/2013, siendo ponente  Seijas Quintana, que establece que: “la guarda y custodia compartida no es una medida excepcional, sino que habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible”…, o cómo precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : “se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel…,puede entenderse que el gobierno haya presentado y aprobado un anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de separación nulidad o divorcio.

          Ya el tratamiento del lenguaje adivina un cambio a favor de los menores exigiendo una colaboración de ambos padres para llegar a esa corresponsabilidad en la educación de los hijos, a la que todo menor tiene derecho, esté vigente o no el matrimonio de sus padres. Qué duda cabe que los órganos judiciales están hoy más abiertos a la custodia compartida que cuando se promulgo la ley 15/2005, pero aún hay que batallar más en ese sentido, nadie negara, mirando retrospectivamente a su niñez y adolescencia, la importancia de su padre y su madre en la educación que recibió, seguramente no pueda decir quién de los dos aportó más, pero los sintió igualmente necesarios.

       En nuestro despacho, desde siempre, hemos batallado por la custodia compartida y hemos cosechado para nuestros clientes resoluciones favorables en ese sentido. Apoyamos y apoyaremos el derecho del menor a estar de forma igualitaria con sus dos progenitores, orientamos a los progenitores a despojarse de ese derecho a la educación, que a veces sienten de forma exclusiva y a entender que la educación y formación de los hijos es corresponsabilidad de ambos progenitores, ejercida de forma conjunta en beneficio exclusivamente de esos menores que sienten derrumbarse su mundo cuando sus padres deciden terminar la relación conyugal.

Soledad Galán.

-Abogada-