EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL

 

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más popularmente conocido como “plusvalía municipal” es un impuesto directo, de devengo instantáneo, municipal y de establecimiento voluntario por los ayuntamientos, a quienes corresponde íntegramente su gestión.

 

¿QUÉ GRAVA LA PLUSVALÍA?

– La transmisión de su propiedad por cualquier título, tales como la transmisión por herencia o legado; la declaración de herederos “ab intestato” y/o la transmisión por donación, compraventa o permuta.

– La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre dichos terrenos. Como ejemplos a tener presente el usufructo y el derecho de uso y habitación.

 

¿QUIÉN LO SOPORTA?

 

Cuando es a título lucrativo (por ejemplo, por donación) es sujeto pasivo el adquirente del terreno o la persona o entidad a cuyo favor se constituye o transmite el derecho real.

En cambio, si es a título oneroso (por ejemplo, una compraventa) es sujeto pasivo el transmitente del terreno o la persona o entidad que constituye o transmite el derecho real.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 11 de mayo de 2017,  ha declarado inconstitucional el pago de este impuesto cuando el vendedor ha obtenido una pérdida por la venta del inmueble.

Por consiguiente, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.

Por tanto, se desprende del contenido de la STC la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la ley cuestionada “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

 

PLAZOS

Existen dos opciones según el caso:

Si se realizó una liquidación del impuesto (es el ayuntamiento quien realiza el cálculo), el plazo para recurrirla será de 1 mes. Después de esa fecha la liquidación pasa a ser firme.

Si se consumó una autoliquidación del impuesto (realizada a iniciativa de la propia persona afectada o contribuyente), el plazo para poder reclamarla y solicitar la oportuna rectificación y devolución del ingreso indebido será de 4 años. El paso de esos 4 años significará la prescripción.

 

CONCLUSIÓN

 

Ultima el Tribunal Constitucional que, a partir de la publicación de la sentencia, “corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

Galán Abogados se encuentra a su disposición para el estudio de su caso y proceder a su impugnación tras el abono de dicho impuesto requerido, con el fin de recuperar las cantidades pagadas de más junto con los intereses de demora que procedan.

Paloma Galán

-Abogada-

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